Sin embargo, también ayer el juez federal Juan Fernando Luévano Ovalle concedió a la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo, María del Carmen Cordero, una suspensión provisional para que al menos hasta el 9 de noviembre próximo en que analizará el asunto, se detenga la eliminación de los Fideicomisos y la transferencia de los fondos que concentra a la Tesorería de la Federación.
Pero la disposición de los recursos de esos Fideicomisos, misma que fue propuesta por el presidente, fue descalificada por opositores.
López Obrador sugirió que se acepte el presupuesto solicitado por el Poder Judicial para 2024 (más de 84,000 millones de pesos) y “que los 15,000 millones del fideicomiso se regresen a la Federación y se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados”, y la ministra Piña aceptó pues vio en ese planteamiento “una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado”, pues se encuentra en reingeniería del presupuesto y fondos.
Pero el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, y el coordinador de los legisladores federales de Movimiento ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, único líder de bancada que no firmó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados por el que ese órgano se sumó a la propuesta presidencial y se comprometió a colaborar para que los fideicomisos judiciales se destinen a los damnificados.
“Una vez más demostramos ser la única fuerza consistente. ¿Qué tienen que ver el Poder Judicial con la tragedia de Acapulco? ¿Por qué no pusieron candados antes? Además ese recurso tardaría varios meses. Para despilfarro, el de Pemex y CFE y se puede reasignar de inmediato”, cuestionó el diputado emecista en sus redes sociales.
Martínez advirtió que eso es un “pillaje” y la Constitución “ni se consulta, ni se pacta”, por lo que repudió arreglos bajo la mesa.
“No es admisible un acuerdo entre el presidente y la presidenta del Poder Judicial, la respetada ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró”, dijo. Se violó el artículo 72 de la Constitución cuando se aprobó la extinción de esos fondos y habría más violaciones constitucionales si se dispone de ellos, agregó.
“El artículo 22 prohíbe la confiscación de esos recursos (…) el artículo 73 establece con claridad que no hay facultad para desaparecer, extinguir esos fondos y por si fuera poco el artículo 127 no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, eso violenta el bloque de regularidad constitucional, además de tratados internacionales”, refirió en mensaje en Twitter.
El también senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza dijo que el gobierno federal sí tiene recursos, pues hay 50,000 millones de pesos del Tren Maya sin utilizar y demandó usarlos para la reconstrucción en Guerrero.
“La emergencia es Acapulco, y urge atender la crisis por falta de agua, alimento, gas, gasolina y luz. Eso es lo urgente. Al menos por un día asúmase como Jefe del Estado y guarde sus odios y rencores”, planteó en respuesta a los ataques que el presidente volvió a emitir en su conferencia matutina.
Para el diputado federal de Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez, no debe centralizarse en el gobierno el plan de recuperación de Acapulco y dejar fuera todo apoyo de carácter privado, además de que no existe confianza en que se dejen 61,000 millones de pesos en manos de Gobernación y de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado: “no les tenemos confianza”, advirtió.
“La centralización de todas las acciones encaminadas a la reconstrucción de Acapulco no brinda confianza ni transparencia. Ya los conocemos”, expuso al presentar una contrapropuesta en Twitter.
“Los recursos públicos que hoy anuncia podrían verse complementados y potenciados por recursos privados. Lo ideal sería un fondo mixto. “Este consejo tendría la obligación de crear un diagnóstico, un plan serio, autorizar ejecución de recursos y acciones bajo reglas transparentes, evaluar, dar seguimiento y brindar una rendición cuentas trimestralmente. Así tendríamos un órgano legitimado y transparente”, planteó.
Sin embargo el diputado panista reconoció que al presidente “no le gusta la organización civil, ni que nadie le robe los reflectores cuando se trata de dar apoyos”.
