A través de una tarjeta, la Fiscalía informó que en el caso de Aburto no se analizó correctamente, pues no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que por su magnitud y consecuencias, es un asunto que corresponde a las autoridades federales.
“En este asunto, el Tribunal Colegiado introdujo unilateralmente un tema que no estaba en la litis original del amparo de Mario “A”, ignorando la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México; al proceso electoral para la Presidencia de la República; así como al avance en materia de participación ciudadana; que quedaron gravemente lastimados en todo el país”, agregó la institución.
Hace dos semanas, el tribunal colegiado federal invalidó la sentencia de 45 años de cárcel en contra de Mario Aburto.
Se le tendrá que dictar una nueva sentencia a Aburto en los próximos tres meses y puede ser liberado el próximo año, cuando se cumplan tres décadas del ataque a Colosio.
La nueva sentencia tiene que estar sujeta al Código Penal de Baja California que estaba vigente cuando Aburto perpetró el crimen durante un evento político de Colosio en Tijuana. La sanción prevista en el Código estatal sería de los 16 a los 30 años de cárcel, es decir, si Mario recibiera la sentencia máxima, quedaría en libertad en marzo de 2024.
Si Aburto recibe una sentencia menor, sería liberado antes. El homicidio ocurrió en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
Mario Aburto disparó dos veces contra el sonorense durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California. En diciembre de 1995, fue sentenciado a 45 años de prisión.
Actualmente, el michoacano sigue cumpliendo su condena en un penal federal.
En marzo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que iniciaría una investigación por presuntos actos de tortura y de obstaculización al acceso a la salud de Aburto Martínez.
Dos años después, en 2021, la Comisión dirigió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno hacia Aburto.
El recurso presentado por la FGR se da a días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Secretaría de Gobernación revisar el amparo que se concedió a Aburto.
“Que vea este asunto y que vea qué recursos legales tenemos nosotros, qué podemos hacer nosotros, porque, independientemente de que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley, también no es un asunto nada más legal o jurídico. No es que, a ver, el hecho se dio en Baja California y es del fuero común, cuando se trata del homicidio de un candidato a la Presidencia de la República, ese es un criterio”, comentó el viernes en su conferencia matutina.
