Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa decidieron retirar el plantón que mantenían frente al Campo Militar 1A, en espera de que se les permita conocer los archivos militares que faltan sobre el caso.
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, indicó que se decidió levantar el campamento, pues se les indicó sobre una nueva instrucción dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Gabinete de Seguridad para la revisión de los archivos militares del caso Ayotzinapa.
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"Estamos seguros que está relacionada con el paradero", señaló Navarrete.
Sin embargo advirtieron que regresarán a instalar el plantón si se trata de una simulación.
Al ser cuestionado sobre Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México que hoy es uno de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno por Morena, el padre sostuvo que es necesario investigar a todos los funcionarios involucrados en la 'verdad histórica'.
"Todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la 'verdad histórica' se tienen que investigar penalmente".
"Sería una contradicción que hoy mantuviéramos en la cárcel a Murillo Karam, que haya orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio cuando ellos materializaron la 'verdad histórica' pero hubo otras autoridades a su alrededor que participaron en su construcción", dijo.
Navarrete sostuvo que es una demanda que han realizado durante los últimos nueve años desde la desaparición de los normalistas, "no tiene nada que ver con tiempos electorales".
Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, señaló que se ha rechazado el último informe oficial sobre el caso Ayotzinapa presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, sin embargo se rescatan dos aspectos.
"El reconocimiento a que hubo una junta de autoridades del más alto nivel y que ahí fue donde se decidió cerrar de forma precipitada el caso con una versión carente de suficiente prueba científica que fue la del basurero de Cocula y que en esa junta se encontraban los funcionarios de más alto nivel de la anterior administración que aún hoy no han rendido cuentas.
"Todavía hay que intentar acceder a los documentos militares que no se han compartido ni con la CovaJ (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa) ni con las autoridades ministeriales", apuntó.