“Estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, se lee en el documento de 34 páginas.
Dichos señalamientos en contra del personal castrense se basan declaraciones de un testigo protegido denominado “Juan” al que citan en el informe y conversaciones telefónicas vía whatsapp y mensajes SMS aportados por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) y lo cual confirma la teoría planteada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la infiltración del crimen organizado entre autoridades de todos los niveles de gobierno, incluido el Ejército.
El documento refiere que Guerreros Unidos, organización formada tras el debilitamiento del cártel de los Beltran-Leyva e integrantes de la Familia Michoacana en Tierra Caliente, se encargó de cooptar a instituciones de seguridad locales y federales.
En un capítulo denominado “Instrucción de desaparecer a los estudiantes” se señala que el ataque y desaparición de los normalistas se originó porque integrantes de Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes con miembros de “Los Rojos”, el grupo delictivo rival con presencia también en el estado de Morelos.
“Se nos metieron unos contras (Rojos) con lo Ayotzinapas”, dijo Jose Ángel Casarrubias líder de Guerrero Unidos “, en tanto una personas apodada “El Indio” reportó que el grupo que viajaba en autobuses rumbo a la Ciudad de México no eran estudiantes, sino integrantes de los rojos y que iban uniformados para mezclarse.
El documento destaca que en total 132 personas han sido detenidas en nueve años de los cuales; 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías federales y de Guerrero, tres funcionarios de la Fiscalía General de la República, Jose Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda, entre otros.
