“Seguimos pidiendo que las instancias correspondientes, como la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud, que sumen esfuerzos para que se retomen todas estas recomendaciones que abonan al derecho de los jóvenes y las jóvenes”, indica Gálvez.
De acuerdo con la investigación del ILSB, basada en solicitudes de información, solo se destina 10% del presupuesto del Programa para el Desarrollo Profesional Docente a estos temas, que, además, no se consideran dentro de las capacitaciones obligatorias. Esto significa que, en promedio, cada escuela recibe 587 pesos al año para formar a profesores y profesoras en educación sexual.
Pese a que México ha suscrito diversos instrumentos, documentos, convenios nacionales e internacionales que establecen que la educación integral en sexualidad sea parte de la currícula de las escuelas, en el país no hay un plan estructurado para impartirla como asignatura específica, agrega.
El sondeo también concluye que la mayoría de las y los adolescentes desean abordar esta temática, que va más allá de las relaciones sexuales, tanto en la escuela como en sus casas y en los servicios de salud.
Para cooperar en reforzar esta educación, el ILSB, además de la encuesta, ha lanzado cuatro manuales con información sobre sexualidad para docentes; la campaña informativa “EIS mi derecho y soporten”, y el programa de formación Lo Público Es Nuestro, dirigido a juventudes indígenas, afromexicanas, mestizas y de la diversidad sexogénerica de 16 estados del país.
“Es quitarle a la educación sexual el estigma y el miedo para que todos empecemos a hablar más libremente sobre consentimiento, límites, relaciones y parejas más sanas, sobre que las relaciones sexuales no solamente tienen que ver con la reproducción de la vida”, apunta la directora del ILSB.