“Las violaciones al proceso legislativo que deben considerarse invalidantes son las que trascienden significativamente a los principios que dotan de valor a la deliberación democrática, como lo son los que permiten la libre participación de las fuerzas políticas”, dijo la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández antes de la votación.
“Desde mi perspectiva, en el presente caso se afectó de manera significativa el proceso, pues en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, de las constancias se advierte que se sometió a discusión de los legisladores el dictamen de la ley impugnada, sin que estos tuvieran conocimiento del mismo ni tiempo para analizarlo”, expuso.
Piña señaló que lo anterior provocó distintas mociones suspensivas con base en el desconocimiento del dictamen que iba a aprobarse, “y las mociones fueron desestimadas”.
El proyecto para invalidar la Ley de Publicidad obtuvo ocho votos a favor y 3 en contra.
Antes de esta Ley, cuando un cliente quería comprar espacios publicitarios se acercaba a una agencia, a la cual le pagaba no solo para conseguir dichos espacios, sino para que se encargara de toda la gestión, que muchas veces iba acompañada de una estrategia de marketing.
En consecuencia, la agencia se quedaba con un porcentaje del dinero. El llamado fee de las agencias.
Con la Ley se buscó promover la transparencia en las agencias de publicidad, además de combatir y prevenir prácticas comerciales que perjudiquen tanto a los anunciantes como a los consumidores, de modo que se prohibió a las agencias adquirir espacios para luego revenderlos a los anunciantes.
Tampoco se podían prestar servicios simultáneos a empresas y medios, ni recibir comisiones de estos últimos para la prestación de servicios a las marcas.
No obstante, la regulación de la publicidad unió en su contra a la industria, pues los involucrados afirmaron que la Ley se hizo desde el desconocimiento de cómo funciona el sector, y en su implementación, se frena la competitividad y el libre mercado.