La nula respuesta gubernamental
Aunque México es uno de los pocos países de América que cuenta con un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, resultado de la lucha de organizaciones que exigen a las autoridades acciones, éste no es suficiente ni eficaz, coinciden las entrevistadas.
Es la única respuesta institucional, pero para operar no cuenta con los recursos necesarios ni con personal capacitado en derechos humanos y perspectiva de género.
“Si, además, sumamos que el mecanismo no puede dar abasto a esta cantidad de violencia en un país tan grande, con capacidades tan reducidas, aunque el mecanismo funcionara a la perfección, sólo se encarga de dar medidas de protección y la violencia se va a reducir así”, subraya Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México, una organización de defensa de derechos humanos de víctimas.
Además, consideran, domina la falta voluntad política para acabar con la impunidad que rodea las ejecuciones de las personas defensoras. Coral Hernández, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en el país se suele criminalizar a las y los defensores.
“Puede haber respuestas focalizadas o esfuerzos, como puede ser el mecanismo, una subsecretaría de derechos humanos, pero no hay un reconocimiento a nivel Estado de la labor de las personas defensoras”, lamenta.
Los ataques desde presidencia
Las expertas en derechos humanos advierten que en México ocurre un fenómeno que aumenta la vulnerabilidad de las y los defensores y tiene que ver con que desde las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha estigmatizado su labor.
“En espacios como la mañanera, el mismo presidente sale a difamar a personas defensoras de derechos humanos y a organizaciones de la sociedad civil, y esto suma a un contexto que ya es demasiado complejo para las personas defensoras”, lamenta Patargo.
