Asimismo, pidió un pronunciamiento a estos organismos sobre este hecho que se registró el pasado lunes, en el que murieron 39 migrantes, de los cuales 7 eran venezolanos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos y un colombiano.
Además, exhortó a que designen a un funcionario de sus respectivas oficinas para que se trasladen hacia el sitio de los hechos e inicien una investigación, contando con el permiso del Gobierno de México.
El OVP sostuvo que los recintos donde son detenidas estas personas no cumplen "las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos".
"Las estaciones migratorias no son albergues donde las personas están alojadas, por el contrario, son centros donde las personas se encuentran detenidas a fin de resolver su estatus migratorio, de manera que, durante este breve alojamiento, es responsabilidad del Estado ocuparse de la seguridad y salud de los migrantes", agregó.
El centro del Instituto Nacional de Migración (INM) donde se produjo el incendio cerrará de forma definitiva, anunció el viernes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez.
Los migrantes que ahí se encontraban, explicó, serán trasladados al centro integrador Leona Vicario, también situado en la ciudad fronteriza con Estados Unidos y que depende de la Secretaría de Trabajo, y no del INM.
Por su parte, la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de México, Sara Irene Herrerías, indicó que las cinco personas detenidas por el incendio se encuentran en prisión provisional y se enfrentarán a una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso el próximo martes.
