Pese a estas circunstancias, sin embargo, la responsabilidad por la muerte de los 39 migrantes recaería sobre el Estado Mexicano, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
“Las personas migrantes estaban privadas de su libertad por autoridades y por tanto el Estado era garante de su vida. Esto no se diluye señalando que estaban ‘retenidos’ en un ‘área de aseguramiento temporal’ ni insistiendo en que ‘protestaban’”, declaró en Twitter la organización, citando una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El diario local La Verdad recopiló testimonios de los migrantes que se encontraban fuera del centro de detención en el momento de los hechos. Algunos aseguran que los migrantes fallecidos estaban encerrados bajo llave y que no hicieron lo necesario para sacarlos.
De acuerdo con las primeras indagatorias, los migrantes habrían sido detenidos y llevados al centro del Instituto Nacional de Migración, tras un operativo para retirarlos de los cruceros en los que trabajaban vendiendo dulces o limpiando parabrisas.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre las condiciones en que se encontraban las instalaciones del INM en que se suscitó el siniestro y los protocolos activados ante la emergencia, a fin de realizar las labores procedentes y emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.
“Desde el momento en que se reportaron los hechos, la CNDH inició labores de investigación, para lo cual personal de la oficina regional de Ciudad Juárez acudió al lugar de los hechos y entró en comunicación con representantes del INM a fin de garantizar que las personas heridas reciban la atención médica adecuada, acorde a sus necesidades específicas, para así evitar mayores complicaciones en su estado de salud y lograr su recuperación óptima”, señaló la institución en un comunicado.
