De llegar a ese escenario quedarían sólo cuatro de siete comisionados y con ello no tendría quórum para sesionar ni para emitir resoluciones, con lo que podrían vulnerarse los derechos constitucionales que resguarda el Instituto.
Por eso el director jurídico del Inai, Gonzalo Sánchez de Tagle, explicó que también se promoverá una suspensión, para que el pleno del Instituto no quede inhabilitado para sesionar.
La comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra destacó que esta activación del “mecanismo de defensa constitucional” busca que el Inai no quede inoperante, pueda funcionar plenamente y con ello tutelar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los mexicanos.
“No se cierra la puerta del Inai, simplemente no podríamos resolver los recursos”, dijo la comisionada Norma Julieta Venegas, quien destacó que el Instituto resolvió en 2022 unas 94 mil controversias ante negativas a transparentar información.
Además destacó que el Inai coordina el Sistema Nacional de Transparencia, que integran la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Archivo General de la Nación (AGN).
Los comisionados Josefina Román y Adrián Alcalá destacaron que el Inai se mantendrá en sus funciones, “no dejaremos de trabajar un solo día”, dijo el segundo.
El aún comisionado Francisco Javier Acuña, quien concluye a fin de mes su funciones, dijo que la decisión de ir a la SCJN es preventiva, para evitar “la parálisis medular” o la “inoperancia sustantiva” pues no podría emitir resoluciones.
En abril de 2022 concluyeron sus gestiones los comisionados Oscar Guerra y Rosendo Monterrey y desde entonces hay dos espacios vacantes, pero al irse Acuña serían tres las sillas vacías.
