Durante la sesión pública presencial celebrada este miércoles, el pleno declaró infundados todos los alegatos presentados por la consejera para ocupar la presidencia del Consejo General y aclaró que esa decisión, no transgrede sus derechos de acceder un cargo, pues ello está sujeto a ciertos requisitos.
“El impedimento de reelección no transgrede el derecho de la actora a acceder a una función pública, pues este derecho está sujeto a requisitos. Además, desde el 2014, había certeza de que el siguiente proceso de designación en que estaría disponible la consejería de la Presidencia sería en 2023", indica el proyecto avalado por mayoría de votos.
Además, se dejó claro que “los cargos de consejería electoral y la consejería para la presidencia son equiparables para el impedimento de reelección, pues ambas integran el máximo órgano de decisión del INE y ejercen las funciones sustanciales de la función electoral”.
La magistrada Mónica Soto dijo que este asunto es uno de los asuntos con mayor relevancia y oportunidad en el momento actual del proceso de selección de las cuatro consejerías INE, tras la salida el próximo 3 de abril de su titular Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz.
Desde su visión, se debe permitir valorar todos los perfiles en un cargo diferente, incluidas las consejerías en curso, dado que ello no representa una reelección, pues se trata de cargos diferentes.
“La reelección se daría en el caso de que quien ostenta la presidencia del Consejo General del INE actualmente estimara participar para proceder en el mismo cargo”, argumentó.
Los magistrados desecharon también el recurso promovido por el exconsejero electoral Javier Santiago, dado que su pretensión de ocupar la presidencia del Consejo General del INE es inviable, ya que el cargo está reservado para que lo encabece una mujer.
La consejera se expresó antes de que el Tribunal tomara la decisión: