“Plan B” de la reforma electoral pone en riesgo millones de datos personales

La situación actual de los módulos

Hasta el momento, el INE mantiene en operación 900 módulos distribuidos en todo el país. En cada una de esas oficinas, recibe diariamente –en promedio– unas 500 personas, por lo que “meter” ese servicio en una oficina de gobierno, escuela u hospital, como se ha sugerido, afectaría su funcionamiento, comprometería el trabajo independiente y arriesgaría los datos personales de millones de ciudadanos.

El consejero Uuc-kib Espadas opina que buscar “arrimo” en oficinas federales tiene problemas muy serios. El primero es que las oficinas estatales y federales no cuentan con los espacios adecuados para recibir personas constantemente y poder dar las condiciones de atención y seguridad con las que se ofrecen actualmente.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama asegura que el trasladar los casi 900 módulos del INE a oficinas de gobierno comprometería la independencia del árbitro electoral y arriesgaría los datos personales de la ciudadanía.

“El 'Plan B' del gobierno pretende que estos módulos del INE desaparezcan y se muevan a oficinas gubernamentales sin las condiciones técnicas de seguridad necesarias para salvar tu información y tus datos personales, siendo que el Instituto cuenta con equipo de cómputo seguro y resguardado adecuadamente para salvaguardar esa información", explicó en un mensaje en redes sociales.

“Hay equipos sensibles que toman tus huellas y tu fotografía y se almacena toda esa información en equipos de cómputo que se mantienen a una temperatura especial para que funcionen bien y así resguardar tus datos”, indicó en un video que realizó el 24 de enero al interior del módulo del INE del Distrito 09, ubicado en Guadalajara Jalisco.

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En el Informe elaborado por el INE sobre los riesgos que implicarían la aprobación de la reforma se advierte:

“No puede soslayarse que la credencial para votar es también un medio que garantiza el derecho de identidad que, para su expedición y permanente actualización, requiere contar con una infraestructura nacional permanente, esto es, estructura ocupacional y estructura física”, se destaca.

Menos dinero por el "Plan B"

Para el especialista y licenciado en Derecho, Joel Reyes Martínez, la respuesta de fondo que debe haber sobre el llamado "Plan B" es responder una pregunta: "¿Se puede hacer elecciones con un estándar democrático –como el que tenemos– con menos recursos?”.

Lamenta, sin embargo, que el debate no se enfoque en estudiar si se puede hacer más con menos recursos y, lejos de ello, surjan posiciones encontradas en donde “todo está bien” o “todo está mal”.

“Esta reforma requiere de un análisis de fondo para conocer si, efectivamente, es posible reducir el gasto público en elecciones sin que se pierda la calidad. Por ejemplo, el INE dice que, de aprobarse el 'Plan B', el traslado de los módulos (de credencialización) afectaría su autonomía”, indica.

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El también Maestro en Derecho considera que el problema de fondo de la reforma es que sólo se plantea reducir la estructura del Instituto, pero en ningún momento se trabaja en suprimirle atribuciones.

“Lo que plantea la reforma es... eso que haces, hazlo con menos personas. La reforma plantea que, en lugar de los Consejos Distritales que funcionan permanentemente, se creen órganos auxiliares. Estos, se integran actualmente con cinco consejeros y se busca que haya uno y que sea quien tome las decisiones dentro del ámbito territorial.

"En mi experiencia, está claro que, luego, las decisiones en órganos colegiados pueden no ser tan ejecutivas, como cuando se toman por una persona. Que pasen de cinco a uno, no veo cómo pueda afectarlo; como sí es que, en lugar de ser permanentes, pasen a ser temporales y se instalarán durante los procesos electorales”, añade.

Reyes Martínez estima que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá allegarse de todos los insumos a la hora de emitir su fallo, tras las impugnaciones que han presentado contra la reforma electoral, no solo el INE sino los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), más los que se sumen en los próximos días.

Reyes, consultor y profesor en derecho Constitucional y electoral, considera que la decisión de la Corte de validar el decreto que reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México sienta un precedente, pues dejó claro que la compactación de áreas no “violaba la autonomía’’ del órgano electoral local.

“Lo que dijo la Corte fue que el Congreso de la CDMX tiene atribuciones para definir la estructura orgánica del Instituto y validó reformas que suprimen varias áreas de éste, lo que nos da un viso de cómo va enfrentar la Corte estas acciones de inconstitucionalidad”, adelantó.

¿El INE perderá el control de los insumos para la credencial?

El consejero Uuc-kib Espadas asegura que la instalación de un módulo en una instalación del gobierno significa no tener el control del sistema.

“Más allá del control de los espacios, está el hecho de que (los materiales) quedarían bajo el resguardo de un gobierno, sea federal o local, según donde se negocie el arrimo; padrones electorales, listas de electores, material de registro, formatos de credenciales y otros materiales que están debidamente resguardados por el INE en locales adecuados y con personal técnico profesional y especializado en las tareas que realiza”, expone.

Espadas Ancona hace hincapié en que el Instituto garantiza que la credencial que produce y entrega es legítima y legal por los controles con los que se genera.

“Si el INE no tiene el control sobre esos lugares, pues no corresponde al Instituto garantizar esa integridad y eso desde luego, es un problema y es un problema para la ciudadanía”, argumenta.

Por experiencia, dice el también antropólogo social, el resguardo de la paquetería electoral por parte de las autoridades electorales, federales y/o locales, no es una buena referencia.

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Reducir oficinas locales es quitar la planeación local

El también presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE), Ciro Murayama, recuerda que la reforma electoral pretende “mutilar” a las 32 juntas ejecutivas locales y a las 300 juntas ejecutivas distritales que hacen posible las elecciones a lo largo y ancho del país.

“Ellos coordinan el trabajo de los módulos de atención ciudadana de cada distrito, a los que cada día 120,000 ciudadanos acuden a realizar algún trámite, a solicitar o recoger su credencial que además de ser llave para el sufragio, representa la cédula de identidad ciudadana de más de 95 millones de personas mayores de 18 años en el país, porque ninguna otra institución del estado es capaz de ofrecer ese servicio seguro, confiable y eficiente en todo el territorio”, establece.

Doctor en Ciencias Económicas, Murayama lamenta que la reforma eche a la calle a a quienes coordinan el trabajo de los módulos, desde donde se actualiza el padrón y la cartografía electoral, instrumentos de los que se desprende el número y el lugar donde serán ubicadas las casillas en una elección.

“Afectar la actualización del padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable”, advierte.

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Cancelación de fideicomisos

Ciro Murayama, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, destaca el hecho de que dentro del "Plan B" se busca cancelar el fideicomiso con el que se da mantenimiento y se renueva buena parte del equipo que se usa en los módulos de atención ciudadana.

“Por la fobia a los fideicomisos no se entiende que este se nutre de recursos privados, del servicio de autentificación que brinda el INE a la banca, para evitar que se suplante la identidad de los ciudadanos y se hagan fraudes contra de ellos”, dijo recientemente en una entrevista.

Además, aclara que el INE no entrega ningún dato personal a las instituciones bancarias y que ante consultas electrónicas que éstos le hacen, solo responde “si sí se emitió determinada credencial, confirma si el nombre está en nuestro registro, y si la huella dactilar coincide; se les dice sí o no, no se proporcionan datos y así se protege la identidad”.

Es así que los bancos pagan al INE por recibir esos servicios “y todo ese dinero de origen privado lo usa el Instituto para dar un servicio público a la ciudadanía en los módulos con equipos técnicos avanzados. ¿No que su objetivo era ahorrar recursos públicos? Más bien se busca mermar la eficiencia del trabajo del INE ante la ciudadanía, esa ciudadanía que considera al INE la institución civil más confiable del Estado mexicano”.

Morena defiende cierre de módulos por los ahorros

En contraparte, la versión del representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, es que los riesgos que se alertan por los consejeros sobre este punto de la desaparición de los módulos es incorrecto y que en realidad se obtiene el beneficio de reducir el gasto de millones de pesos al suprimir el pago de rentas.

"La reforma abre la posibilidad de que en lugar de que se estén pagando rentas, espacios privados para la instalación de los módulos de atención ciudadana del INE, pues se ocupen espacios públicos que están disponibles, para que en lugar de que se pague renta se haga un contrato de comodato con un municipio, con un estado o con la federación y se ocupen esos espacios", argumentó en un video que publicó en sus redes.

Adicionalmente, Flores califica las valoraciones de los consejeros como "intrigas" de Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama, y advierte a los consejeros que se quedarán en el INE no sumarse a la postura de los mencionados.