Guerra contra el narco: militares involucrados en homicidios y desapariciones

"La política de seguridad militarista implementada por las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador ha significado la promoción de ataques sistemáticos contra la población civil por parte de las Fuerzas Armadas (detenciones arbitrarias, privaciones graves de la libertad física en contravención de normas internacionales, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos), con el supuesto objetivo de desarticular a las organizaciones criminales", revela el informe.

Homicidio

En enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, 5,876 civiles han sido asesinados entre el 2006 y noviembre de 2021.

De acuerdo con el reporte, las muertes de civiles se han dado en enfrentamientos de “agresores” y elementos de la Sedena y Marina.

“La Sedena informó que de enero de 2006 a noviembre de 2021 se registraron 5,223 agresiones a personal militar, donde se registraron 5,196 'agresores' así como 43 'víctimas' y 301 militares fallecidos. Por su parte, Semar entregó información a partir de 2008 donde contabiliza 402 enfrentamientos con 528 “presuntos infractores en flagrancia de delitos” que resultaron fallecidos y 69 miembros de personal naval también perdieron la vida”, destaca el reporte.

Desaparición

Los elementos de las Fuerzas Armadas también se han visto involucrados en la desaparición de personas.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el 2006 y noviembre de 2021 se iniciaron 404 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas, presuntamente cometidas por las autoridades federales.

En el 43% de esas desapariciones, se señaló a la Secretaría de la Defensa Nacional como la responsable, le siguen la Marina con 25% y la Guardia Nacional con 1.8%.

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Además de esto, organismos de derechos humanos de 31 estados reportaron haber recibido 1,426 quejas por desaparición forzada de 2006 a noviembre de 2021.

“Estos organismos identificaron al menos a 1,372 víctimas, de las cuales al menos 364 serían mujeres (registran 76 adultas y 10 niñas o adolescentes) y 876 serían hombres (243 adultos y 21 niños o adolescentes)”, añade el reporte.

Tortura

Entre el 2006 y 2021 las fiscalías o procuradurías del país tienen 49,051 denuncias por tortura, de las cuales una tercera parte (15,909) corresponden a los últimos tres años, es decir, ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al igual que en otros delitos, en la tortura, las Fuerzas Armadas son señaladas entre los principales responsables.

“La FGR indicó contar con 1,091 expedientes en contra de elementos de la Sedena, 673 contra elementos de Semar y 14 contra elementos de la GN”, apunta.

A nivel local se tiene el registro de 14,813 probables víctimas, de las que más del 48% se concentran en Baja California, Chihuahua e Hidalgo.

La organización alerta además sobre el alto porcentaje de impunidad que prevalece en este delito.

“Las instituciones solo tienen registro de 96 consignaciones o judicializaciones, lo que representa menos del 0.2% de las denuncias. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal reporta 68 sentencias por tortura, mientras los poderes judiciales estatales tienen registro de 27 en el periodo de estudio, lo que indica una altísima prevalencia de impunidad en este crimen”, señala.

El informe sostiene que, a partir del despliegue de más elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, estas han tenido que justificar su dispersión y es justo la tortura –agrega– un delito que se comete para comprobar algo.

“Hablar de la tortura como un método de investigación se encuentra asociado a la necesidad de comprobar algo. Desde 2006 con el inicio de la estrategia de seguridad militarizada, basada en el combate frontal al narcotráfico, las instituciones de seguridad y principalmente aquellas de corte militar se vieron obligadas a comprobar resultados que justificaran su despliegue”, se lee en el informe.