Según el perredista, esa situación es violatoria de la ley y la Constitución, pues transgrede el principio constitucional de neutralidad que deben guardar los funcionarios públicos durante las contiendas electorales.
Además, acusó que la promoción de las “corcholatas” se haría con recursos públicos estatales, lo cual –añadió– es ilegal, pues constituye actos anticipados de campaña que trasngreden los principios de equidad e imparcialidad de la contienda.
Para los integrantes de la Comisión de Quejas, es procedente la medida cautelar, toda vez que se considera que la carta denunciada “no tiene cobertura legal”.
“Se solicita la realización de conductas que podrían violar la normatividad electoral, concretamente la realización de actos anticipados de campaña con impacto en el próximo proceso electoral federal, así como la violación al principio de neutralidad por parte de las personas servidoras públicas a las que se les dirige”, determinó.
Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes, la Comisión rechazó, sin embargo, las medidas cautelares solicitadas en contra de la reunión realizada el pasado 14 de enero en las oficinas de la Segob, encabezadas por su titular Adán Augusto y a la que acudieron los referidos mandatarios, además de dirigentes partidistas.
Estimaron que no existen elementos que permitan confirmar que dicho evento tuvo como propósito la realización de actos de naturaleza política-electoral, ni que, en lo futuro, se llevarán a cabo encuentros similares.
