En noviembre del 2022, agencias revelaron que Brian Cogan, el juez federal que lleva el caso contra García Luna, negó una petición de su abogado mediante la cual buscaban se desestimaran los cargos de asociación delictiva con fines de distribución de cocaína, así como otra relacionada con su participación y apoyo a una empresa criminal.
En ese momento se determinó que esa decisión solo se podrá tomar durante el juicio que en este caso, iniciará el próximo 23 de enero, en el que se acusa al exfuncionario de recibir millonarios sobornos para dejar operar al Cártel de Sinaloa.
Entre los argumentos de la defensa del exfuncionario estaba el hecho de que éste concluyó su cargo en 2012 y fue hasta 2019 cuando se le acusó de cooperar con el Cártel de Sinaloa, por lo que habían pasado ya más de los cinco años que las autoridades estadounidenses establecen como límite para presentar alguna acusación.
Cogan destacó, sin embargo, que si bien el extitular de Seguridad dejó su cargo como funcionario, ello no implicaba de facto que sus vínculos con la organización criminal terminaran en esa fecha e incluso, argumentó que corresponderá en todo caso al jurado decidir si se retiran o no los cargos que hay en su contra.
En un memorando que la defensa entregó a la Corte, explicó que “la solicitud de García Luna para desechar los cargos invita al gobierno a presentar algún argumento que pueda establecer en un juicio que después de 2012 continuó su presunta participación con el Cártel de Sinaloa; pero el gobierno no lo hizo y no lo ha hecho, porque no puede”.
Si Genaro García Luna, detenido el 10 de diciembre de 2019 por agentes federales, en Dallas, Texas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, es hallado culpable, podría obtener como sentencia una pena mínima de 20 años de prisión o incluso, cadena perpetua, como en el caso de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien recientemente solicitó ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para regresa a México.
