El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) debe informar cuántas denuncias ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de 900 millones de pesos pagados a empresas que no prestaron servicios o dejaron de hacerlo, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
La falta de ese monto se detectó en algunas auditorías, explicó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Incluso, sostuvo, desde agosto la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que había abierto 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en Segalmex.
Detalló que el organismo debe proporcionar el número de carpeta de investigación iniciada; las acciones jurídicas para recuperar los recursos, y la cantidad de demandas mercantiles presentadas.
“En caso de no haber presentado ninguna, el motivo y fundamento de por qué no se ha hecho, y si existen otros procedimientos jurídicos iniciados para recuperar los montos faltantes”, indicó.
Explicó que, como respuesta a una solicitud de transparencia, Segalmex declaró la inexistencia de la información, y la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.
Al analizar el caso, la comisionada explicó que la inexistencia de la información manifestada por Segalmex no fue fundada ni motivada, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó diversas irregularidades en los contratos asignados. Además, Segalmex no realizó una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas.
Explicó que en la revisión de tres contratos y de un convenio modificatorio se detectó que no se acreditó la prestación de los servicios por más de 909 millones de pesos. Y en un contrato de fletes se identificaron pagos por servicios realizados fuera de la vigencia por más de 9 millones de pesos, así como penalizaciones no aplicadas por más de 2 millones de pesos.
“Por tanto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de Segalmex, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y con criterio razonable en todas sus áreas administrativas competentes, con el fin de localizar y entregar a la persona solicitante la información de su interés”, instruyó.
