Morena acusa actos anticipados de campaña a personajes del PAN y PRI

En suma, Morena acusó a sus adversarios de cometer las mismas irregularidades por las que éstos también han denunciado a sus “corcholatas” desde hace al menos un año y cuatro meses, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió, en la conferencia mañanera del 5 de julio de 2021, señalar a cinco personas que a su juicio son presidenciables y se declaró el “destapador”.

Desde entonces a la fecha, los presidenciables de Morena y sus virtudes han sido compartidas por el presidente en diversas ocasiones y éstos, entre ellos Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, han realizado decenas de visitas por todo el país en las que, sin embargo, suelen no aludir directamente sus aspiraciones presidenciales.

Ese activismo se ha realizado gracias a múltiples justificantes: en 2021, en el marco de las tomas de protesta de más de una decena de gobernadores de Morena o aliados; en este 2022, en el marco de la difusión de la consulta de revocación de mandato; las “asambleas” en favor de la reforma eléctrica y luego para denunciar a los “traidores” que no la aprobaron.

De abril a mayo pasado las visitas a las entidades fueron en apoyo a las campañas de los candidatos morenistas en seis estados; el 12 de junio, para participar en el “acto de unidad” rumbo a las elecciones de 2023 en el Estado de México; en las últimas semanas para las tomas de protesta en cuatro de seis entidades ganadas; luego reuniones para que los congresos locales avalen las reformas para extender la participación de las Fuerzas Armadas al 2028 o para difundir las propuestas de reforma electoral.

Sin embargo, ahora que la oposición decidió imitar lo que antes denunció como irregularidades, e inició la pasarela formal de sus presidenciables, Morena denunció presuntas conductas violatorias a la ley y pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) medidas cautelares para que cesen, amén de sanciones.

Los señalamientos de Morena son prácticamente idénticos a lo que panistas y priistas han enderezado contra el partido en el gobierno y sus “corcholatas”: actos anticipados de precampaña y campaña, y posible utilización de recursos públicos para obtener una ventaja indebida en detrimento de la equidad de la contienda de 2024.

Se suman a las faltas cometidas, según Morena, promoción personalizada de servidores públicos, consistente en propaganda gubernamental -en radio, televisión, impresa, en redes o cualquier vía- que promociona al servidor público destacando su imagen, cualidades, o asociándolo a logros de gobierno.

A las dirigencias de esos partidos los responsabilizó, además, por culpa in vigilando, es decir de tener conocimiento de esas conductas y no actuar para detenerlas, por lo que exigió castigos y que el INE ordene, como tutela preventiva, que no se vuelvan a repetir los actos delatados.

Las querellas de Morena

De acuerdo a las quejas, fueron los 31 señalados y sus partidos los que “violaron la Constitución General y las leyes electorales”.

En el caso de Acción Nacional (PAN) presentó la queja el 17 de octubre y se acusó que las irregularidades se cometieron en el contexto del evento Foro Ciudadano 2024 “Cambiemos México, ¡sí hay de otra!”, realizado el domingo 2 de octubre, organizado por el Comité Ejecutivo Nacional panista en el World Trade Center.

Además de las faltas citadas, se aseguró que hubo uso indebido de la pauta y uso indebido de recursos públicos, por la publicación en redes sociales de propaganda y mensajes, y el pasado 21 de octubre la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sí concedió las medidas cautelares solicitadas por Morena e hizo un llamado a los panistas a apegarse a la ley para no afectar las contiendas futuras.

La decisión se tomó porque se denunció un spot en el que el dirigente Marko Cortés menciona la fecha de la elección presidencial, uno de los elementos que sí podría configurar una campaña adelantada: “¡ánimo porque en 2024 sí hay de otra! ¡Es con Acción Nacional!”, proclama en el mensaje.

El panismo se inconformó ante el TEPJF, mismo que le habría dado la razón al dejar sin efecto la medida cautelar, en criterio diferente al aplicado a Morena, según denunció en redes sociales el líder de ese partido, Mario Delgado, aunque la sentencia aún no es pública.

Delgado advirtió que por eso urge una reforma electoral, ya que su propuesta consiste en cambiar a consejeros y magistrados, “para acabar con este sistema que favorece a los tramposos”.

A la pasarela cuestionada acudieron cinco panistas: el exsecretario de Gobernación y diputado federal, Santiago Creel, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, y el diputado federal y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, además de que participó virtualmente Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro. Todos fueron denunciados.

Pero además en la queja morenista se acusó a 17 personas más, incluso a la periodista que moderó el encuentro, Blanca Becerril.

Estos son Cortés, líder panista; Cecilia Patrón, secretaria general y diputada; Jorge Romero, coordinador de la bancada; Mariana Gómez Del Campo, diputada federal; las senadoras Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán; Enrique Vargas Del Villar, coordinador de diputados locales del PAN y diputado mexiquense; Laura Esquivel, secretaria de promoción Política de la Mujer; Débora Martínez, secretaria de Acción Juvenil, y Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

Otros señalados por replicar mensajes del evento en redes sociales, fueron Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes; la senadora Josefina Vázquez Mota; Diego Sinhué, gobernador de Guanajuato; Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo; Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, y Adriana Aguilar, de vinculación con la sociedad civil del CEN.

Va Morena vs PRI

El PRI no quedó a salvo. Morena lo denunció el 24 de octubre por el evento que se llevó a cabo los días 17 y 18 de ese mes y llamado “Diálogos por México”.

Encabezó la lista de los denunciados el líder priista, Alejandro Moreno Cárdenas, además de los ponentes que desfilaron: las senadoras Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu Salinas, el diputado federal Ildefonso Guajardo Villarreal, y el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero.

Además tres gobernadores: Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila, y Esteban Villegas Villarreal, de Durango.

En este caso, también Morena acusó a los presidenciables del tricolor de lo que éste ha señalado a las “corcholatas” morenistas.

Pero el 31 de octubre el INE negó medidas cautelares y la tutela preventiva solicitadas por el partido guinda, pues a diferencia de lo denunciado en el caso del PAN, no habría habido mención expresa del 2024 y, por ahora, no ha habido spots de radio y televisión sino solo en redes sociales, en donde, de acuerdo a los criterios electorales, no hay difusión activa sino que se requiere de la voluntad expresa del ciudadano para acceder a ellos.

Por ello no se consideró urgente la emisión de medidas cautelares para el retiro de los mensajes denunciados, pues no se detectó que su contenido esté íntimamente vinculado con el Proceso Electoral Federal de 2024, que iniciará en septiembre del año 2023, “es decir, faltan 11 meses para su comienzo”, de acuerdo a la autoridad electoral.

Esto a pesar de que el partido señaló las frases “aspiro a ser candidata a presidenta de la República”, expresada por Paredes, y “es mi partido y la alianza va por México, la que en un momento determinado me darán el privilegio de poder representar a mi partido”, emitida por Guajardo.

Ruiz Massieu, establece la queja de Morena, indicó: “quiero abanderar el proyecto de los priistas que aman al PRI y de los que ya se fueron, de los panistas que quieren una patria ordenada y generosa de los perredistas que han militado en las causas”.

Sin embargo, el Instituto decidió no emitir las cautelares, pero a los servidores públicos denunciados les instó a tener especial cuidado en sus expresiones para que no afecten los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con algún proceso electoral futuro.

Ambas denuncias, contra el PAN y contra el PRI, son el inicio apenas de la batalla legal y deberán ser resueltas de fondo, en primera instancia, por la Sala Regional Especializada del TEPJF y en su caso en sentencia definitiva por la Sala Superior del TEPJF.