Un día después, el 22 de agosto, Guillermo Paiva, jefe del Estado Mayor, dejó su cargo al frente del EMCO, en medio de una serie de reuniones que el gobierno de Chile, encabezado por Gabriel Boric, realizaron durante la jornada y donde el gobierno ordenó un sumario para determinar las responsabilidades.
Además, el Congreso de Chile también citó a comparecer a la ministra Fernández y a los tres jefes de inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, por la gravedad de la filtración.
Las consecuencias del hackeo en México
Unos días después del hackeo al ejército en Chile, Gaucamaya también reveló varios documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, las cuales fueron compartidos por Latinus el 29 de septiembre.
La información hackeada fue una filtración de 6 terabytes de información de decenas de miles de correos alojados en los servidores de la Sedena, archivos que datan del año 2016 hasta septiembre de este año.
Esto incluyó, por ejemplo, comunicaciones entre el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de la Marina; además de contratos vinculados al Tren Maya y al Aeropuerto de Tulum.
Un día después de que esta información fue revelada, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el robo de información a la Sedena había ocurrido debido a que se está dando un cambio en su sistema.
Además, a diferencia de Chile, en México, el gobierno federal aseguró que todo lo revelado ya era de dominio público, además de que López Obrador rechazó iniciar una investigación o sancionar a alguien por este caso.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no ha descartado iniciar una investigación sobre el casado.
