Ello, luego de que este jueves se reanudó la discusión de la acción de inconstitucionalidad 52/2022 promovida por diversos senadores, quienes demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos (LGIPPE) y la Ley General del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Y es que en opinión de los legisladores, los partidos políticos no pueden decidir devolver un porcentaje de su financiamiento público a la autoridad hacendaria.
En la sesión de febrero, el Pleno del Senado aprobó, en lo general y lo particular, un dictamen para que, derivado de catástrofes naturales o emergencias, los partidos políticos puedan entregar parcialmente o devolver su financiamiento, para coadyuvar con dicha emergencia, siempre que esto no afecte el cumplimiento de sus fines.
Será un acto voluntario y no una obligación el que los partidos renuncien a dichos recursos públicos.