Han pasado 21 días desde que 10 mineros quedaron atrapados en el pozo de carbón El Pinabete, ubicado en la Villa de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila.
Desde entonces, el gobierno federal informa todos los días de las acciones que implementa para rescatarlos, sin que el plan se concrete con éxito.
Conforme pasa el tiempo, la esperanza de encontrar a los mineros con vida disminuye y la historia de las tragedias en las minas del norte del país parece repetirse.
A tres semanas de que los mineros quedaran atrapados, te explicamos qué ha sucedido con las acciones de rescate.
El 3 de agosto pasado, la Secretaría del Trabajo reportó que 10 mineros quedaron atrapados mientras realizaban labores de excavación a una profundidad aproximada de 60 metros en el pozo de carbón El Pinabete.
Según la dependencia, a las 13:35 horas de ese día ocurrió un accidente en la mina. Los trabajadores se toparon con un área contigua llena de agua que al derrumbarse provocó una inundación.
Otros cuatro mineros lograron salir y fueron atendidos en el IMSS de Nueva Rosita, Coahuila.
Los trabajadores que quedaron atrapados en el pozo minero son:
Las autoridades informaron que más de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil, Guardia Nacional, estado de Coahuila y del municipio acudieron a coordinar el rescate.
Los primeros trabajos se concentraron en bombear agua afuera de la mina, ya que era necesario disminuir el nivel para acceder al pozo. El día siguiente después del accidente no se logró el rescate por falta de maquinaria adecuada.
También fueron al lugar buzos de las Fuerzas Especiales de la Sedena, pero no pudieron descender a la mina debido al nivel del agua.
El 5 de agosto, dos días después del incidente, la Sedena informó que se realizaban perforaciones en la mina El Pinabete para colocar una cortina que evitara la entrada de más agua a la zona en la que permanecen atrapados los 10 trabajadores.
Aunque, según las autoridades, se contaba con una decena de bombas que extraían el agua, el nivel de la inundación había bajado apenas de 34 a 30 metros. La extracción era de 60 litros por segundo.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila comenzó a recabar entre los familiares de los 10 mineros atrapados información de las señas particulares de cada uno de ellos, para identificarlos al momento de una eventual recuperación de los cuerpos.
En los siguientes días, las acciones se centraron en aumentar el bombeo de agua, hasta que alcanzó los 350 litros por segundo.
Desesperados, los familiares de los mineros atrapados organizaron una misa a pocos metros de distancia del pozo de carbón, rezaron y tres sacerdotes de la región los acompañaron en las suplicas.
La tarde del 7 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la mina y sostuvo reuniones con funcionarios, mandos militares, técnicos y familiares de los trabajadores atrapados, quienes le reprocharon falta de acciones.
El 10 de agosto, un buzo de las Fuerzas Especiales del Ejército ingresó al mediodía al Pozo 4 de la mina, pero antes de alcanzar los 60 metros de profundidad encontró obstáculos para avanzar. Una pared de madera y rocas impedían el acceso.
El 12 de agosto, nueve días después de que los 10 mineros quedaran atrapados, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, por fin, iniciarían las labores de rescate al medio día, porque se contaba con mejores condiciones para hacerlo.
El Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias y Desastres del Ejército y mineros voluntarios ingresaron para retirar escombros de los accesos a los túneles de la mina.
Por la tarde, una tormenta sobre la zona impidió el rescate. Las acciones volvieron a lo mismo: extraer agua de la mina.
Diez días después del accidente, el 13 de agosto, los familiares de los mineros demandaron apoyo internacional y acusaron que no avanzan las labores de rescate.
El gobierno federal aceptó y dijo que buscarían ayuda de empresas mineras de Estados Unidos y Alemania. Seis días después, especialistas de una empresa estadounidense se incorporaron a las labores de rescate.
El 23 de agosto, tras sumar 471 horas de trabajo ininterrumpido en la mina, Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que el pozo minero El Pinabete está rodeado por otras seis minas abandonadas con agua y todas podrían estar conectadas.
Esto dificulta el rescate. Así que geólogos, geotécnicos, mineros y geofísicos realizaron estudios del subsuelo para implementar un plan de trabajo de ingeniería que permita reducir la aportación de agua a la mina.
Los familiares siguen esperando que los mineros sean rescatados.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal ya había identificado a los dueños de la mina El Pinabete y que tenía una investigación sobre los permisos otorgados y las inspecciones, evitó detallar la información con el argumento de que lo primero era rescatar a los mineros.
La Secretaría del Trabajo agregó que la mina operaba de manera irregular, pues carecía de los permisos adecuados, y que la concesión se le otorgó en el sexenio de Vicente Fox.
Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, desde el pasado 5 de agosto, abrió una carpeta de investigación por los posibles delitos de carácter federal vinculados con el derrumbe del pozo minero.
El 11 de agosto, la FGR presentó su solicitud de audiencia judicial para imputar a Cristian "S”, probable responsable en la explotación ilícita del subsuelo, a través de la mina de carbón mineral El Pinabete, Sabinas, Coahuila.
La autoridad informó que los actos del señalado “constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13”.
