De igual forma, se acordó citar a comparecer a mandos militares para que declaren, mientras que la FGR y la Sedena deberán publicar los avances de las pesquisas.
Los ministros resaltaron que los familiares de personas desaparecidas tienen el derecho a conocer las circunstancias de la desaparición y lo ocurrido con sus seres queridos, a saber quiénes fueron los responsables, a agotar todas las posibilidades posibles para encontrarlos, a tener acceso a información que permita ese propósito y a medidas de reparación.
Los mandos obligados a declarar
En su resolución, la Corte ordenó a la Sedena tomar la declaración de los mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca, en la temporalidad en que se dio la desaparición forzada, mientras que la FGR, deberá publicar los avances de la investigación en su página de internet.
Por mayoría de votos, el alto tribunal planteó además que, en casos de desaparición forzada, las autoridades de amparo pueden fijar medidas tendientes a lograr una reparación integral, dada la naturaleza de estos actos.
Ello, dado que se trata de una de las más graves violaciones a los derechos humanos al vulnerar, entre otros, los derechos de libertad, integridad personal, identidad, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica.
Sin embargo, el pleno rechazó que como responsables de dicha desaparición tanto a las autoridades de Oaxaca y como al gobierno federal.
