Para analizar los ocho programas sociales, las organizaciones, en conjunto con otras 11 asociaciones civiles y cuatro grupos de estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, implementaron una herramienta de identificación de riesgos de corrupción. Este ejercicio evalúa el estado de 60 variables, entre ellas, el presupuesto ejercido por los programas sociales, su diseño y fiscalización.
En Jalisco se evaluaron cuatro programas sociales: Jalisco Incluyente, Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio, Asociaciones para la Igualdad y Reactiva. En el Estado de México se analizaron tres: Salario Rosa por la Educación; Salario Rosa por la Vulnerabilidad, y Salario Rosa por el Trabajo, mientras que en Quintana Roo se examinó el programa Hambre Cero.
Alejandro Elizondo, coordinador de proyectos de la Gesoc, explicó que cinco programas sí transparentan el presupuesto que se les aprueba, pero en ninguno de los ocho es posible identificar cuál es el presupuesto que ejercieron a lo largo del año. En cuanto a la evaluación del diseño de los programas, solo los cuatro de Jalisco cumplieron con ese requisito.
Los indicadores de los programas sociales son sumamente importantes porque permiten medir si estos cumplen con las metas que se proponen, explicó Elizondo. Sin embargo, únicamente dos de los programas evaluados contaron con indicadores claros.
“Afortunadamente, todos los programas que analizamos contaron con reglas de operación. Sin embargo, dos de estos ocho programas no publicaron los padrones de beneficiarios, que se supone que tienen que publicar por normativa”, indicó.
