El PAN le pide a la SCJN resuelva sobre el desafuero de Cabeza de Vaca

“El papel del tribunal es poner fin a todo conflicto, no postergarlo en la incertidumbre para evadir el costo político de decidir”, indicó el Sistema PAN en un comunicado en el que expresó que “la justicia que no es expedita simplemente no es justicia”.

Y es que el pasado 8 de junio, el pleno de la Primera Sala de la SCJN dejó en lista la resolución de las controversias constitucionales promovidas por el congreso de Tamaulipas en contra del desafuero y la orden de aprehensión girada contra el gobernador panista García Cabeza de Vaca.

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El primer aplazamiento se dio a tan solo cuatro días de que se renovará la gubernatura del estado, y lo que se buscó era evitar que se contaminara el proceso local con la discusión del proyecto.

El mandatario panista concluirá su encargo el próximo 30 de septiembre, por lo que mantendrá el fuero hasta entonces, aunque el 11 de noviembre del 2021, un juez federal le concedió un amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra.

Acción Nacional externó que el papel del máximo tribunal constitucional del país es poner fin a todo conflicto, no postergarlo en la incertidumbre para evadir el costo político de decidir, o peor aún, por cálculos mezquinos de complacencia con el poder en turno.

La carta dirigida a Zaldívar

En la carta al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, los panistas externan su preocupación por la tendencia a la dilación y discrecionalidad en la resolución de controversias de especial trascendencia.

“Ello derivado de la notoria discrecionalidad imperante en la resolución de ciertos casos y la inexplicable dilación en la respuesta que reclama el país de su tribunal constitucional”, indican.

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Califican como incomprensible que se postergue de manera indefinida en la lista de asuntos para resolución el proyecto para el retiro de la inmunidad procesal de los servidores públicos locales, presentado por el ministro González Alcántara Carrancá, acerca de dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso de Tamaulipas en contra de poderes y órganos federales, el cual lleva más de un año en instrucción.

“Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban en claro que corresponde a los congresos locales determinar, en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local cuya función se encuentra protegida por la Constitución de la República”.

El sentido del proyecto

De acuerdo con el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, se prevé declarar "la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la FGR, así como la orden de aprehensión expedida en la causa penal 139/2021 en contra del titular del Ejecutivo Federal del Estado de Tamaulipas".

En tal sentido, "se vincula al Juez demandado y a la FGR para que se abstengan de violar la inmunidad procesar del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas", con lo cual, Cabeza de Vaca no podría ser detenido.

Acción Nacional manifiesta en su carta que la Suprema Corte tiene la responsabilidad de reparar una flagrante violación federal a la Constitución, pero sobre todo de fijar el sentido lícito, válido y vinculante de una garantía que preserva el pluralismo político y la voluntad democrática de las soberanías estatales.

“No se trata –agrega el PAN en su misiva– de resolver solo si en el caso concreto fue lícita o no la actuación de la Cámara de Diputados, del ministerio público federal o del juez de control, al desconocer la determinación expresa del Congreso del Estado de no avalar la declaración de procedencia indebidamente iniciada en contra del Gobernador de Tamaulipas (García Cabeza de Vaca)”.

La cuestión es –dicen– si basta una denuncia falaz, una instrucción política, una bancada del partido en el gobierno en la Cámara de Diputados y un juez que actúe por consigna para remover de sus cargos a gobernadores, legisladores locales, magistrados y consejeros de las judicaturas estatales, fiscales autónomos, órganos de transparencia y fiscalización, entre otros.

“Esto es, si la Federación puede destituir por consigna a los órganos que emanan de la voluntad democrática de los estados del país”, enfatiza el panismo.