De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2021 se denunciaron 2, 044,122 delitos del fuero común, un incremento de 11% con relación al año previo.
La ASF determinó que en ese 2021 los recursos destinados a entidades y municipios con el fin de aplicar estrategias de seguridad pública fueron ejercidos con algunas deficiencias.
Por ello, 250,100,000 de pesos aún están pendientes de aclarar y “es fundamental que se implementen medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del fondo”, determinó la ASF, cuyo titular, David Colmenares, hizo a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados la primera entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
Entidades con aclaraciones
La ASF realizó 33 auditorías, 32 de ellas a las entidades federativas sobre el ejercicio del FASP y una al SESNSP, como ente coordinador del fondo, con el fin de revisar una muestra de 72.6% de los 7,687.9 millones de pesos que fueron transferidos a los estados.
Así la revisión se hizo sobre 5,581.3 millones de pesos. En sus conclusiones la ASF reportó que la información que remitieron 5 entidades federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –y que sometió a revisión, “carece de la calidad y congruencia requeridas”.
Michoacán encabeza las entidades con mayor monto a aclarar, con 64,700,000 de pesos, seguido de Coahuila, con 47,000,000 de pesos, y Quintana Roo, con 20,000,000 de pesos.
Además de lo que deberá aclarar Sedena -primer causa de monto observado- se hallaron irregularidades por recursos y rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por un monto de 19,000,000 de pesos.
La tercera observación más relevante en todo el país fue por 18,500,000 de pesos porque se acreditó control inadecuado en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria o justificatoria de gasto por la adquisición de uniformes, no se demostró la entrega a los cuerpos policiales y no se halló documentación comprobatoria sobre estimaciones, finiquitos de obra, actas de entrega, reportes fotográficos y falta de acreditación de conclusión de obras.
Otros 15,900,000 de pesos observados son por deficiencias en las adquisiciones de bienes y servicios contratados.
¿Cuáles son las causas de las irregularidades?
La ASF determinó, como las razones principales de esos montos por aclarar, la falta de controles en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria del gasto; deficiencias en el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de los Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del FASP.
También halló deficiencias en el proceso de entrega y contratación de bienes y servicios adquiridos con recursos del fondo, falta de supervisión de los procesos de adjudicación, así como sobre el ejercicio y aplicación de los recursos; carencia en su planeación y destino; ausencia de revisión de las áreas encargadas de adquisiciones en la formalización y seguimiento de pedidos; falta de control del registro de los movimientos financieros; de coordinación con las áreas ejecutoras de gasto.
