El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los anteriores informes ya señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.
El Gobierno de López Obrador reabrió el caso a finales de 2018 y derrumbó definitivamente esta versión oficial al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020, y de Jhosivani Guerrero, en junio pasado, ambos en la Barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero el nuevo informe reveló más vínculos con el suceso.