La diputada María del Rosario Merlín García, de Morena, presentó una iniciativa para que youtubers, videobloggers e influencers u otros creadores de contenido paguen impuestos cuando publiciten algo dentro de sus canales de difusión.
De aprobarse, la propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria, las personas dedicadas a subir contenido patrocinado a redes sociales tendrían que pagar este impuesto a partir de 2023.
La propuesta señala que este tipo de impuestos deberán ser declarados como "prestadores de servicio de comunicación audiovisual".
Y es que, además de la monetización de contenidos a través de las propias redes sociales en las que son publicados, gracias a su alcance de audiencia los creadores de estos materiales obtienen ingresos a través de campañas publicitarias que también publican en sus redes.
La iniciativa señala que el caso también podría aplicar cuando los influencers hagan videos del tipo “umboxing”, es decir cuando abren algún paquete o muestran algún producto o servicio que ofrezca alguna marca.
Además, en caso de realizar un sorteo o “give away” para sus seguidores, que involucre productos de algún anunciante, también se harían acreedores al pago del impuesto.
El objetivo, señala la iniciativa, es “regular a los creadores de imagen digital mal conocidos como “influencer youtubers” y otros, pues, aquellos casos en los que la naturaleza publicitaria del contenido no sea clara y manifiesta, será necesario incluir una indicación al respecto que debe ser explícita, inmediata y adecuada al medio y mensaje sobre la naturaleza publicitaria de tales menciones o contenidos”.
Además, señala que es una manera de detectar y evitar publicidad engañosa, así como comerciales “encubiertos”.
“(…) se va a regular toda publicidad engañosa, que ahora se abre terreno libre en mucho de los canales de estos prestadores de servicio de comunicación audiovisual y que ha tenido repercusiones públicas con casos sonados de promoción a la anorexia, a ludopatía o incluso la adicción a las drogas por ello, al día de hoy, la actividad de los prestadores de servicio de comunicación audiovisual profesionales no está sometida a ninguna norma, como cualquier ciudadano el cual si está sujeto”.
