Caso Atenco: víctimas exigen erradicar tortura sexual y represión policial

La organización denunció que la exigencia de "justicia" y de "no repetición" por parte de las mujeres sobrevivientes sigue estando vigente, frente a un contexto "en donde la tortura sexual es una práctica que persiste".

Así lo reflejan datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021, que revela que el 64.4 % de las mujeres privadas de libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público.

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"Por ello, es indispensable cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México", remarcó el Centro Prodh.

En su resolución, la CoIDH ordenó la investigación y sanción a todos los elementos estatales y federales, incluida la cadena de mando, que participaron en los actos de represión en Atenco, así como crear un observatorio independiente sobre uso de la fuerza.

"A tres años del fallo, las más sustantivas de estas medidas permanecen incumplidas", lamentó el Centro Prodh.

El colectivo enfatizó que, debido a que las instituciones de seguridad "hacen un uso arbitrario y excesivo de la fuerza", incluso de la fuerza letal, también sigue vigente la necesidad de establecer un Observatorio Independiente sobre el Uso de la Fuerza, como lo ordenó en su sentencia la CorteIDH.

"Las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual, que considere todas las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo", subrayó.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México "continúa prodigando la impunidad, sin que la Fiscalía General de la República impulse decididamente el acceso a la justicia", concluyó eñ Centro Prodh.

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El 3 y 4 de mayo de 2006, las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco sufrieron la detención ilegal y arbitraria por parte de policías estatales y federales que, con uso de la fuerza, retiraron una manifestación de habitantes que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.

Las víctimas también sufrieron tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia. El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad.