La organización denunció que la exigencia de "justicia" y de "no repetición" por parte de las mujeres sobrevivientes sigue estando vigente, frente a un contexto "en donde la tortura sexual es una práctica que persiste".
Así lo reflejan datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021, que revela que el 64.4 % de las mujeres privadas de libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público.
"Por ello, es indispensable cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México", remarcó el Centro Prodh.
En su resolución, la CoIDH ordenó la investigación y sanción a todos los elementos estatales y federales, incluida la cadena de mando, que participaron en los actos de represión en Atenco, así como crear un observatorio independiente sobre uso de la fuerza.
"A tres años del fallo, las más sustantivas de estas medidas permanecen incumplidas", lamentó el Centro Prodh.