Las extorsiones y los ataques de la delincuencia organizada en Michoacán están impactando el precio del limón y del aguacate.(Fotoarte: Nayeli Araujo / istock)
El cobro de piso a empresarios y comerciantes amenaza no solamente la seguridad de las víctimas, sino que está ganando terreno a las autoridades incluso en el ámbito fiscal.
La baja cultura de denuncia -ocasionada por las amenazas- y la imposibilidad de reportar estas pérdidas ante el SAT para deducir impuestos obliga a los empresarios a pagar el costo extra de la inseguridad para seguir operando.
Un experto en temas fiscales y la directora del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Doria Vélez, explican los retos y las posibles soluciones al problema del cobro de piso en México.
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Cifra negra y baja cultura de denuncia
En México, solamente se denuncia el 10.1% de los delitos cometidos contra empresas, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Las amenazas de los delincuentes y la falta de acción de las autoridades son los dos ingredientes principales de la baja cultura de denuncia.
El 60% de los delitos que no se denuncian son atribuibles a la autoridad: miedo a extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, etc.
Los empresarios, mientras tanto, terminan optando por pagar el costo de la extorsión para seguir operando, entrando en el círculo de la ilegalidad.
Y, aunque en la letra existe la posibilidad de deducir impuestos por causas de fuerza mayor -como cuando se es víctima de este u otros delitos- los empresarios no pueden hacerlo por diversas razones.
¿Cómo hacer deducible el cobro de derecho de piso?
Esa es la pregunta que le han hecho a Rafael Lores Espinosa, CEO de CPA Vision Sapi, una empresa dedicada a crear soluciones fiscales para los negocios a través de la tecnología.
El experto en temas fiscales indicó que tiene al menos 15 consultas relacionadas directamente con este tema, porque, en teoría, sería posible hacer deducible este pago, pero poniendo en riesgo la vida.
Se supone que se pagan los impuestos para que el Estado te preste los servicios, entre ellos la seguridad física y jurídica, así como una justicia pronta y expedita. Pero cuando esto se rompe, hay impunidad y colusión entre autoridades y delincuentes
“Hay mecanismos en la propia ley que reconocen la merma” que tiene para un negocio un incidente por causas de fuerza mayor, como robo, incendio o incluso el ser víctima de un delito como la extorsión, indica Rafael Lores.
¿Cuál es la lógica esta deducción?
1. El derecho de piso afecta la utilidad de las pequeñas y medianas empresas. La utilidad sirve de base para calcular el Impuesto Sobre la Renta.
2. Esta reducción de la utilidad debería poder deducirse para efectos del ISR.
Pero ¿por qué no se puede deducir entonces?
En primer lugar, explica el especialista, hay requisitos muy puntuales. El más básico de ellos es la exigencia de un comprobante del gasto: transferencia, cheque, comprobante digital. Obviamente, cuando se trata de delincuencia, esto es imposible.
Aún así, existen excepciones en la ley fiscal que plantean una salida hipotética: "para el caso de pérdidas sufridas por el contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, como sucede –por ejemplo- cuando el negocio del contribuyente es robado o dañado por algún fenómeno meteorológico. Se trata de situaciones irresistibles o imprevisibles que liberan al deudor de una determinada obligación de su cumplimiento", según plantea la consultora Deloitte.
Pero para llegar a esta 'solución', se tendría que asentar un acta de hechos, ante el Ministerio Público, lo cual implicaría dar pie a que los delincuentes cumplan sus amenazas contra las víctimas.
“Si pagas 10,000 pesos al malhechor, y vamos a suponer que lo registraste en la contabilidad de la salida de efectivo, es un gasto no deducible y se castiga, desde el punto de vista fiscal, con otros 5,000 pesos”, ejemplificó Rafael Lores.
El “derecho de paso” es otra cara del mismo problema, no en balde los transportistas realizaron una movilización que incluyó el bloqueo de varias carreteras, el pasado martes.(Madla Hartz/EFE)
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De la falta de datos a la competencia por la recaudación
La directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Doria Vélez, indicó que la cifra negra sobre extorsión y la falta de datos en México es el principal obstáculo para combatir el cobro de piso.
Esto conlleva que no existan protocolos de actuación ni reacción de parte de las instancias que se encargan de perseguir y castigar el delito.
El Observatorio Nacional Ciudadano, como parte de sus labores de investigación y acompañamiento, se ha encontrado con casos donde las propias autoridades de seguridad pública aconsejan a las víctimas que “mejor paguen” el derecho de piso que cobran los delincuentes.
Esto quiere decir que los criminales “compiten con el Estado” en la “recaudación” de recursos derivados de la actividad económica de los empresarios y comerciantes. Éstos, en realidad, terminan pagando tanto al Estado, en sus declaraciones anuales, como a los delincuentes cada vez que pasan por su “cuota” semanal o mensual.
Y suponiendo que las víctimas puedan deducir el impuesto de la extorsión, entonces, la delincuencia pasaría a ser la recaudadora de un tipo de "impuesto por operar el negocio", mientras el Estado se queda con la pérdida.
Rafael Lores también explica que los emprendedores se ven obligados a vivir en la informalidad sin que esto les libre del pago de derecho de piso al hampa.
A años luz de que la tecnología sea la solución definitiva
Para Rafael Lores, la construcción de una huella digital sería la medicina definitiva contra este tipo de delito, pero necesitaría entre otras cosas del casi nulo uso del dinero en efectivo. Algo muy difícil de lograr en el corto e incluso en el mediano plazo.
En esto coincide Doria Vélez al indicar que “estamos a años luz” de que la tecnología ayude a medir, perseguir y erradicar el delito de cobro de piso. Para empezar, precisó, no todas las fiscalías estatales cuentan con los mismos recursos económicos y tecnológicos.
Algunas pueden utilizar medios como identificación de voz, pero, en los hechos, la mayoría de las autoridades siguen basando sus investigaciones en los testimonios de las víctimas. Es decir, no hay labor de inteligencia, investigación y tampoco uso de la tecnología para paliar el delito.
En cambio, los delincuentes sí se ponen al día. De acuerdo con la directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, cuando la movilidad disminuyó en las calles a causa de la pandemia de COVID, el crimen ‘migró’ hacia otras operaciones, entre ellas el fraude, la extorsión telefónica y también el cobro de piso.
¿Hay soluciones ahora?
Por ahora, la implementación de la Carta Porte, un documento fiscal digital que permite amparar y rastrear el traslado de mercancías a través del territorio nacional sirve para que el delito de contrabando disminuya.
Esto merma el campo de acción del crimen organizado, a la vez que el Estado fortalece su capacidad de recaudar impuestos, sin fiscalizar cada unidad de negocio.
Además, para las personas físicas, el nuevo Régimen Simplificado de Confianza es un gran beneficio, al cobrar una tasa más baja de Impuesto Sobre la Renta.
Desde el punto de vista legal, Doria Vélez recomienda a quien sea víctima de cobro de piso acudir con alguna asociación civil, como el propio Observatorio Nacional Ciudadano, para recibir acompañamiento frente a las autoridades.
Además, Doria Vélez ha observado que en otros países ha sido posible encontrar soluciones y detonar acciones gubernamentales cuando los empresarios actúan en conjunto y se asocian para denunciar esta problemática.
