En diciembre de 2020, la FGR presentó una solicitud de declaración de procedencia (desafuero) en contra del fiscal, acusado de no contar con evaluaciones de control de confianza al momento de su nombramiento en el Congreso estatal.
Además, por designar en Anticorrupción a Juan Salazar, quien tampoco tenía aprobados los referidos exámenes de control de confianza.
El Congreso del Estado de Morelos promovió por su parte una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados federal, al alegar que se violentó la soberanía del estado al declarar que el fiscal como titular de un organismo constitucional autónomo no cuenta con fuero federal, lo que contraviene el 50 párrafo del artículo 111 constitucional.