En Tapachula, Chiapas, por ejemplo, mujeres solicitantes de asilo y sus familias esperan meses para que se resuelvan sus casos de asilo viviendo en albergues o cuartos rentados a las orillas de la ciudad, o bien, acampando en el parque central con acceso limitado a sanitarios y regaderas. Además, son víctimas de violencia, justo el problema del que muchas veces huyen de sus países.
El documento del Imumi y la WRC relata el caso de Jessica, una mujer hondureña que permanecía en una estación migratoria de la Ciudad de México, quien narró cómo a ella y a una amiga las detuvieron elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de ser expulsadas de Estados Unidos. Tras la detención, los uniformados abusaron sexualmente de ellas.
"Estuvieron detenidas en una estación migratoria en Ciudad Juárez durante dos meses antes de que las trasladaran a la Ciudad de México. Las mujeres fueron deportadas sin la oportunidad de presentar una denuncia contra los elementos de la Guardia Nacional", señala el informe.
Las mujeres solicitantes de protección internacional esperan en condiciones precarias. Debido a la limitada capacidad de los albergues, muchas terminan durmiendo en las calles y a expensas de agresiones, como pasó con Mariana.
Así sucedió también con Elena, una mujer proveniente de Honduras, quien trató de alojarse en albergues después de ser expulsada de Estados Unidos; sin embargo, la rechazaron y se vio obligada a quedarse en condiciones precarias, según contó al personal de la WRC. Después, ella y su familia trataron de solicitar asilo en Estados Unidos, pero fueron expulsados por la Patrulla Fronteriza a las calles de Tijuana, Baja California, donde un perro rabioso atacó y mató a su hijo de solo 20 meses.
