En México, cada vez se vuelve más común escuchar que niñas, niños y adolescentes participan de manera activa en grupos delictivos, especialmente en actividades del sicariato.
Por ello, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) urgió este miércoles a los diputados federales a que tipifiquen como delito el reclutamiento de menores de edad.
Ante representantes de las comisiones de Justicia y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim, presentó el diagnóstico Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos: análisis de las políticas públicas y la legislación.
Durante su ponencia, explicó que el reclutamiento se refiere a toda forma de captación o alistamiento de niñas, niños y adolescentes en cualquier tipo de grupo delictivo, no solo los de la delincuencia organizada.
"El reclutamiento constituye una de las formas más graves de violencia contra la infancia, además de ir en contra del interés superior de la niñez", destacó la activista.
Ramírez señaló que en las políticas públicas actuales el principio del interés superior de la niñez es todavía deficiente, igual que el presupuesto enfocado a atender a los menores, el cual de hecho ha sufrido un recorte del 50% en los últimos años.
Ante esta ineficacia para la protección de los derechos de este sector, consideró que un paso indispensable para frenar la violencia contra él es la tipificación, de manera explícita, del reclutamiento por parte de grupos delictivos.
El reclutamiento puede y debe prevenirse mediante mecanismos específicos de política pública y legislación".
De acuerdo con Ramírez, la propuesta es que, con esta tipificación, el Estado mexicano se asegure de que ningún menor sea reclutado, identificando a los diferentes grupos delictivos en el país.
Además, planteó, se tiene que garantizar el acceso a la justicia y a una compensación para los menores reclutados, quienes deberían ser reconocidos primordialmente como víctimas, sin que esto los exima de responsabilidad penal.
Para la operatividad de esta propuesta, consideró indispensable revisar la estrategia de combate al crimen organizado bajo un enfoque que asegure la protección de los menores contra la violencia y con perspectiva de género.
"Las políticas públicas deben orientarse en torno a tres ejes: contener apartados específicos a la niñez, el cumplimiento de las recomendaciones al Estado mexicano, y la coordinación y vinculación de planes entre instituciones", agregó la activista.
Ramírez indicó que el reclutamiento derivó en 2021 en al menos 700 homicidios dolosos de personas de cero a 17 años, así como en 3,726 personas de este grupo de edad reportadas como desaparecidas.
Del total de menores desaparecidos, 64.4% eran mujeres. Del total de víctimas, hasta la fecha 1,339 siguen desaparecidas.
