Esto porque la Ley Federal de Delitos Electorales indica que tendrá de 60 a 200 días de multa y prisión de 3 a 7 años a quien altere, falsifique destruye posea, use, adquiera, comercialice, use o suministre o transmita de manera ilegal archivos del padrón de electores o listado de electores.
“Y usar datos de personas presas o fallecidos implica que alguien accedió de manera ilegal a los listados y con total desfachatez simuló apoyos… Las viejas prácticas están de vuelta con nuevo ropaje”.
Se trata, condenó, de “inconsistencias que en ocasiones son algo más fraude con documentos ajenos, simulación de apoyos y suplantación de voluntades”.
El consejero recordó que se entregaron 11 millones de firmas. Pero el INE sólo revisó poco más de 2.8 millones de ellas, y se detuvo una vez que se alcanzó el mínimo de firmas exigidas por ley.
Así, casi 8 millones no fueron revisadas, pero si el 25 % de personas que fueron localizadas y entrevistadas negaron haber entregado su firma y fotocopia de credencial, el ejercicio estadístico permite extrapolar el porcentaje y concluir que 2 millones 658 apoyos (de los 11 millones) podrían ser apócrifos, o sea más del 3% exigido por la Constitución.
El consejero Ucc Kib Espadas consideró incluso que si se extrapola a todo el universo de firmas entregadas el porcentaje de muertos detectados entre los “firmantes” llevaría a concluir que los datos y documentos de más de 50 mil personas muertas fueron entregados para el ejercicio revocatorio.
“Parece una caricatura", sentenció.
Es “un intento de resurrección de prácticas del pasado que parecían picarescas” pero son antidemocráticas, condenó el consejero Jaime Rivera.
