El 7 de enero familiares y los defensores visitaron la Agencia Estatal de Investigaciones y el mayor Manuel Gutiérrez reconoció entonces la detención a mano de militares. En enero fue removido de la zona y, de acuerdo con el testimonio, en su informe reportó que no había evidencia de responsabilidad del ejército.
El general “tiene participación en el caso Alvarado. Encubrió y sigue encubriendo a los militares, el tuvo conocimiento de esos hechos cuando recién habían pasado, a días de que ocurrieran. Él escuchó al igual que nosotras –Lucha y yo- que el mayor Gutiérrez aceptó que ellos habían hecho la detención”.
La CIDH emitió una sentencia en la que exhortó al gobierno mexicano a realizar un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, en el que deberán estar presente funcionarios de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena), Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno de Chihuahua y representantes de las víctimas.
La sentencia, misma que no ha sido acatada, obliga al Estado mexicano a generar un registro único y actualizado de personas desaparecidas que tenga datos estadísticos para poder dar seguimiento a casos de desapariciones forzadas y no localizadas.
Datos del semanario indican que, aún sin ese registro, hasta el jueves 2 de diciembre los datos oficiales reportan la existencia de 95 mil 310 víctimas, pero no se conoce en cuáles o cuantos casos los responsables fueron agentes del Estado o particulares.
Espinoza advirtió que desde hace un año ha intentado entrevistarse con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para insistir en el cumplimiento de la sentencia, para el que la CIDH dio de plazo de un año, pero el funcionario no ha aceptado el encuentro.
“Al pueblo de México le haría una advertencia: recuerden este caso porque el gobierno sigue protegiendo al ejército, sigue intocable”, añadió.
