En el texto, la fiscalía asegura que estas medidas estarían destinadas a "proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, con el objetivo de prevenir el acoso, la intimidación u otra interferencia con los miembros del jurado, así como mitigar cualquier temor en las mentes de los miembros del jurado".
El fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York justifica estas medidas por la "excepcional gravedad de los cargos" así como por "los antecedentes del acusado de interferir en procesos judiciales". Si el juez acepta la petición no serán revelados ni los nombres de los miembros del jurado ni sus direcciones de vivienda y trabajo a ninguna de la partes.
Más allá de preservar su anonimato, los fiscales solicitan también que todos los miembros del jurado sean trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y que durante su estancia en los tribunales estén aislados del público.
El comienzo del juicio contra el exfuncionario está previsto para el 24 de octubre del próximo año. García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.
Según la fiscalía, "el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cártel de Sinaloa, un famoso cártel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios" y agregó que tiene previsto llamar a testificar a "numerosos testigos" que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cártel mexicano para "protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad".
Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal.
