En un comunicado los senadores de este grupo recordaron que en la historia de México “hay lamentables pasajes del uso de las Fuerzas Armadas para apoyar a determinado proyecto político” por lo que consideraron que el Senado debe ejercer sus funciones de control del Estado.
”Como toda democracia moderna, las Fuerzas Armadas son garantes de la soberanía y del territorio nacional, pero no son actores políticos que incidan o busquen incidir en los procesos civiles ajenos a su mandato constitucional”, expusieron.
Ojalá, expuso la senadora de Acción Nacional (PAN) Kenia López, “esta administración entienda que no debe inmiscuir a los militares en la política porque Andrés Manuel López Obrador se va a ir y no debe embarrar al Ejército y la Marina de política”.
En similar postura se expresó la senadora panista Lilly Téllez, que en sus redes sociales publicó un oficio dirigido a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y así oficializó la petición para que comparezca el titular de la Sedena “para que explique a esta Soberanía por qué hace política e informe sobre los contratos otorgados para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.
La panista destacó que Sandoval “cometió una clara violación a la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” y recordó que en su artículo 17 establece: “Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes”.
Respecto a posibles casos de corrupción que deberá explicar el titular de la Sedena, Téllez retomó el reportaje publicado por la plataforma LatinUs , que conduce el periodista Carlos Loret de Mola y que el pasado 18 de noviembre reveló que derivado de una revisión de 966 contratos entregados por los ingenieros militares del Ejército encargados de la construcción del nuevo aeropuerto se detectaron empresas fantasmas.
La muestra de que se trataría de ese tipo de empresas sería que registraron direcciones inexistentes, “compañías acusadas de desvío de recursos que reciben contratos, proveedores dedicados a rentar juegos infantiles a los que les rentaron tractocamiones y hasta un señor en una pequeña tlapalería que, según los papeles, es el principal contratista del aeropuerto”.
Por eso la panista pidió que la Seden acuda a explicar la situación y planteará en sesión del Senado, mañana martes, una propuesta de punto de acuerdo para llamar a esa comparecencia.