La directora de Consejo Cívico, Sandrine Molinard, y Javier Martínez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), coinciden en que la modificación al artículo 151 tiene un fondo político porque las ONGs no son cómodas a ningún gobierno.
“Las organizaciones podemos tener un papel incómodo pero lo hemos sido por muchos años. La gran mayoría de las organizaciones están muy alejadas de temas políticos, están completamente en la atención de personas con necesidades”, comenta.
Antes de llegar a la Presidencia, López Obrador manifestó su desconfianza hacia las organizaciones de la sociedad civil y adelantó que los recursos de su administración se entregarían directamente a los mexicanos, es decir, no habría ningún intermediario.
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“Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes. El problema es que han simulado demasiado con lo de la sociedad civil”, dijo ya como candidato a la presidencia de la República en marzo de 2018.
Meses más tarde, ya como presidente, López Obrador envió una circular para su gabinete legal y ampliado, conocido como “Circular Uno”, en el que ordenó a todos los funcionarios a “terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción” y que todos los apoyos fueran entregados de manera directa a los beneficiarios.
“Han sido muchas las reformas a las leyes que vienen a complicar mucho nuestra labor… Cada vez están poniendo más complicada nuestra estrategia de sobreviviencia”, dice Sandrine Molinar.
