A partir de este jueves, nace la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
El decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se publicó la víspera en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que el decreto es resultado del compromiso y acercamiento de familiares de las víctimas y sobrevivientes de la llamada “guerra sucia” en México.
“Esperemos que haya resultados muy puntuales para garantizar el derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, la garantía de reparación y particularmente que estos hechos no vuelvan a suceder en nuestro país”, expuso el funcionario federal.
A través de un video en las redes sociales, Encinas delineó los mecanismos centrales en los que trabajará la referida Comisión, cuyos resultados deberán estar en el 2024.
Primero: se integrará un grupo de especialistas independientes que trabajarán con el apoyo de todas las instituciones de la administración pública federal para conocer toda la información que esté disponible en el Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de los estados, para conocer la verdad de los hechos.
Segundo: se creará un comité que impulse todo el proceso de judicialización, “de justicia en general”, para que quienes fueron los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos sean castigados.
Tercero: se realizarán actividades de búsqueda de las personas desaparecidas, tarea que estará a cargo de la Comisión Nacional en la materia y contará con todo el apoyo del Sistema Nacional de Búsqueda y de las respectivas comisiones locales, además de otras instituciones.
Hoy se publicó el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 7, 2021
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El objetivo, dijo Encinas, no solo es hacer búsquedas en campo, en archivos, en panteones, en fosas comunes, sino también en sitios que hasta ahora han estado prácticamente censurados para cualquier tipo de investigación.
Entre ellos, instalaciones civiles o militares donde se presuma que pueden encontrarse restos o vestigios de las personas desaparecidas.
Cuarto: se buscará la reparación integral, no solamente de las víctimas en particular, sino también habrá atención a la reparación colectiva, porque en muchos casos sufrieron graves violaciones comunidades enteras.
Quinto: el gobierno trabajará no solo con las víctimas directas, sino también con las comunidades que se vieron afectadas por este tipo de prácticas del Estado mexicano.
Dentro del decreto, también se contempla que habrá un mecanismo para garantizar la memoria, por lo que toda la información disponible en el Archivo General de la Nación (AGN), tanto de la Defensa Nacional, del Estado Mayor Presidencial, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), del CISEN y todos los órganos de inteligencia del Estado, estarán disponibles para su análisis e investigación.
“Debemos reconocer que tenemos avances importantes y si bien falta todavía sistematizar muchos de los archivos que han sido entregados al AGN, hay instituciones que nos están acompañando”, como la Universidad Autónoma de la CDMX y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En esta última institución académica se concentrarán, en el llamado edificio Carolino —un complejo arquitectónico que data del Siglo XVI y que es considerado no solo patrimonio de México sino de la Humanidad—, todos los acervos de información más importante respecto a los hechos de la guerra sucia.
