Por unanimidad, los integrantes de la comisión, Adriana Favela, presidenta y sus pares, Ciro Murayama y Claudia Zavala, rechazaron las medidas cautelares, dado que se trata de actos futuros de realización incierta.
Ello, toda vez que primero se deberá contar con el número de firmas requeridas; es decir, “un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas”.
Durante la sesión extraordinaria celebrada este jueves realizado de forma semi-presencial, los consejeros Favela, Murayama y Zavala, coincidieron en que los funcionarios públicos deben actuar con prudencia para no intervenir en este posible ejercicio.
Esto es, no deben hacer uso de recursos públicos para promocionar la revocación de mandato ni intervenir en este ejercicio.
“Lo que sí debe quedar claro es el deber de imparcialidad, de neutralidad, de parte de los integrantes de todos los órganos de gobierno, de todos los servidores públicas de las entidades del país porque esa restricción queda asentada desde la Constitución para todos los ejercicios de participación ciudadana”, dijo la consejera Claudia Zavala.
Insistió en que se debe hacer énfasis en que estos ejercicios son ciudadanos, “pero los servidores públicos, los gobiernos, deben de quedarse al margen”.