La Secretaría de Gobernación (Segob) inició el proceso de liberación de las mujeres que están detenidas en el país acusadas de aborto, conforme a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su fallo del 7 de septiembre, la Corte resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
Lo anterior se dio luego de que la Corte analizara y votara la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Código Penal de Coahuila.
Con ello, los ministros se pronunciaron por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos sin enfrentar consecuencias penales.
Así, derivado de esa resolución del máximo tribunal del país, la Segob trabaja en coordinación con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).
Mediante ese trabajo se busca avanzar en busca de que las mujeres acusadas en México del delito de aborto queden en libertad.
Además, según lo informado por la Segob, en estas acciones participan los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas, que se dedican a identificar los casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo o por haber sido partícipes en el proceso.
La dependencia destacó que, desde el ámbito de su competencia dentro del sistema de justicia penal, cada instancia trabaja en conjunto para esta liberación.
El fallo de la Corte en materia de aborto es considerado un hecho histórico. Si bien no implica que el aborto ya esté despenalizado en el país, lleva a que los congresos locales deban hacer reformas en ese sentido.
