De hecho, el gobierno de Veracruz —donde la interrupción del embarazo se despenalizó este año— también anunció medidas a partir de la sentencia de la Corte. El mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que ordenará la liberación de Diana Patricia, de 28 años y quien está en prisión por un aborto espontáneo provocado por la violencia que sufría por parte de su pareja.
Y la propia Corte ya toma cartas en el asunto. Arturo Zaldívar anunció el miércoles que el Instituto Federal de Defensoría Pública brindará representación a toda mujer y persona gestante que haya sido sujeta a un procedimiento penal por tomar la decisión de abortar.
Objeción de conciencia, ¿un obstáculo en la despenalización del aborto?
Se prevé que el próximo lunes la SCJN inicie la discusión sobre la objeción de conciencia del personal médico para la prestación de servicios de interrupción del embarazo.
La figura de "objeción de conciencia", prevista en la Ley General de Salud, es usada en ocasiones por personal de salud para negarse a prestar servicios para el aborto invocando motivos éticos o religiosos.
Y aunque la Secretaría de Salud federal emitió en junio pasado lineamientos que regulan la objeción de conciencia, la definición y los criterios que establezca la Corte marcarán otro precedente para el país.
A consideración de Fernanda Díaz de León, coordinadora del área de incidencia y acceso comunitario en Ipas, la figura de los objetores de conciencia está "satanizada", porque, explica, no representa un obstáculo para el aborto voluntario y son garantes de los mismos derechos a decidir.
"La objeción de conciencia no representa un obstáculo para la interrupción legal del embarazo, pero el desconocimiento del tema genera que los propios objetores de conciencia no sepan sus derechos y obligaciones", dice la activista a Expansión Política.
Rebeca Lorea, coordinadora de Incidencia en Política Pública en GIRE, coincide en que la objeción de conciencia no tiene por qué ser obstáculo para la garantía de la ILE, siempre y cuando se cumpla tal como está regulada.
"La objeción de conciencia es una cosa individual, pero al momento de prestar los servicios, las instituciones siguen estando obligadas a garantizar el derecho de las mujeres a decidir interrumpir su embarazo. El médico puede negarse, pero el hospital y el Estado no", puntualiza.