Con nuevo presidente, el Tribunal Electoral se encamina a resolver su crisis

Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo a Expansión Política que el TEPJF requiere de dos aspectos centrales para empezar a recomponer el rumbo:

Transparencia y pulcritud en el manejo interno de las cuestiones administrativas, en particular con el manejo de los recursos y dictar sentencias jurídicamente sólidas, “que sean congruentes con los preceptos del Tribunal Electoral”.

"Esto es -precisó - que las resoluciones beneficien a quien tenga la razón jurídica, no a quien tenga mayor peso o fuerza política, que ese es el gran problema”.

Observó que antes de la elección del 2018, la Sala Superior decidía en casos importantes a favor de los intereses de la clase dominante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de sus aliados, posterior a esa fecha, las decisiones favorecían a los nuevos intereses.

De ahí que la tarea urgente de la Sala Superior es recuperar su credibilidad y autonomía “a golpe de buenas sentencias, y ese es el gran reto”, anotó Martín Reyes.

A pregunta expresa, celebró que Rodríguez, lejos de pretender que no ha habido injerencias externas o presiones de poderes fácticos, reconozca “que ahí están” y que el tribunal está para poner límites a los partidos políticos, a las autoridades y reafirmar que es un órgano que resuelve con criterios jurídicos.

“Hay que disipar cualquier sospecha de influencias porque, hay que decirlo, es un tribunal que, en ocasiones pasadas, se ha doblado ante las presiones del poder”, expresó.

Los primeros retos

El polítólogo estimó que entre las primeras pruebas que tendrá la Sala Superior están las impugnaciones de Campeche, caso en el que ordenó el recuento total de votos a la gubernatura, fallo que deberá darse en los próximos días, toda vez que la toma de protesta es el 16 de septiembre.

También, Nuevo León, luego de la multa de 55 millones de pesos que aprobó el INE en contra del otrora candidato a la gubernatura, el emecista Samuel García, actual gobernador electo, por el apoyo indebido que recibió su esposa, la empresaria e "influencer", Mariana Rodríguez.

Rodríguez compartió durante la campaña electoral 45 fotografías y 1,300 historias fijadas como "aportaciones prohibidas en especie", las cuales estimó en un costo aproximado de 1.8 millones y 26 millones, respectivamente.

La víspera, el propio García Sepúlveda informó en redes sociales que librará la sanción: “Última hora. Me acaban de informar que la multa de 55 millones de pesos que me impuso el INE por el apoyo que recibí de mi esposa Mariana, será tumbada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Relación institucional y respetuosa

Desde la visión de Javier Martín Reyes, el camino de los siete magistrados, aún es largo.

“En 2023 se va (José Luis) Vargas y se va Indalfer Infante González. Entonces, van a ser muchas pruebas hacia adelante, por lo que por el bien de las instituciones, de la democracia electoral y mexicana, que esto (la designación de Rodríguez) ayude a superar la crisis, pero en este momento aún es una interrogante”, expresó.

Y sobre la relación del TEPJF con los poderes Ejecutivo y Legislativo, observó que debe ser institucional y de respeto, porque si bien es un órgano que está dentro del poder Judicial, cuenta con unos márgenes de “autonomía impresionantes. Vamos, ni si quiera sus resoluciones pueden ser revisadas”.

Añadió que “debe ser una relación muy institucional y muy respetuosa de la división de poderes. La mejor relación es que no haya influencia del poder Ejecutivo y del poder Legislativo de las decisiones del tribunal. La definición misma de independencia judicial implica que las y los juzgadores deben decidir con base en los méritos jurídicos del caso y no a partir de presiones externas”.

Conforme al especialista en temas electorales, un principio básico de la independencia del TEPJF es respetar los periodos de nombramiento. “Ni se amplía ni se reducen como pretenderían hacer. Siete (magistrados) es un número razonable porque se necesita una pluralidad de puntos de vista jurídico”.

Reducir la composición a cinco, según un proyecto de reforma electoral, “es más una retórica tramposa de la austeridad mal entendida que se utiliza más como un pretexto para lo que quieren de fondo que es la renovación completa del órgano”, mencionó Martín Reyes.

Además, remarcó el académico, no hay condiciones políticas para renovar a la Sala Superior. “La oposición cometería un suicidio remplazando a magistrados muy cuestionados que han tomado decisiones muy erráticas, pero que al final de cuentas fueron (propuestos) por la SCJN”, expresó.

De ahí que nombrar a nuevos magistrados electorales sería abrir un espacio para que opere la lógica de las “cuotas y los cuates”, en favor de las nuevas mayorías que están en el Senado.

Lo que se requiere es una reforma electoral que modifique la forma de designación de los nuevos magistrados electorales que se designarán en 2023, 2024 y 2025. “La ley no es retroactiva, debe ser para las nuevas designaciones”, resaltó.

La estabilidad, un reto a largo plazo

Para Hugo A. Concha Cantú, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la (IIJ) UNAM, el actual titular de la Sala Superior tiene ante sí no solo retos inmediatos, sino de mediano y largo plazo para tratar de recobrar la estabilidad en el órgano jurisdiccional electoral.

“Rodríguez -abogado egresado del ITAM- arriba al Tribunal como una especie de bombero al que le corresponde apagar las llamas para evitar que se sigan propagando”, estimó en analista.

Abundó que “la Sala Superior tiene ya una larga temporada de funcionar mal, que va más allá de la mera presidencia de Vargas; (mucho tiempo) de ser una sala en donde las personalidades de los integrantes, sus relaciones, sus alianzas, sus egos y sus vinculaciones con actores políticos, afectaron de manera importante muchísimas decisiones”.

Concha Cantú observó que la mezcla de todos esos factores “empezó a poner en duda la imparcialidad y el buen desempeño del trabajo de la Sala Superior”.

Por ello, entre los primeros retos que tendrá el magistrado presidente es poner orden en el interior de la sala, además de recobrar la estabilidad y credibilidad.

“Entre los retos a mediado plazo está, a partir de recobrar la estabilidad del Tribunal, buscar que la mayoría si no es que todos los magistrados verdaderamente rompan las correas de transmisión que claramente algunos han manifestado tener en sus decisiones y en sus resoluciones”, expuso.

El coordinador de las líneas de investigación de estructuras judiciales de la UNAM resaltó que está claro que “un tribunal parcializado, partidizado, que trata de quedar bien con el gobierno que era el que caracterizaba siempre las decisiones de Vargas Valdés, pues no lleva a nada”.

El investigador remarcó que “(al contrario) lleva a un tribunal que se debilita, que queda mal frente a todo mundo, frente a los actores políticos, que constantemente se convierte en una institución que confronta a la otra autoridad electoral que es el INE, y eso finalmente va en contra de lo que queremos en la democracia”.

Sobre los retos a mediano plazo está recobrar la estabilidad del tribunal, “a través de las distintas decisiones que tomen todos los magistrados. No veo actuando así ni a José Luis Vargas ni a Mónica Soto que todo el tiempo fue su aliada, pero sí a los otros cinco magistrados buscando darle esa estabilidad a la Sala Superior”.

Concha Cantú resaltó que, una vez que el Tribunal recobre su estabilidad interna se lograrán resoluciones jurídicas sólidas que si bien, no se notarán de la noche a la mañana, “ya cuando hay varias decisiones podemos ver si el tribunal efectivamente está adoptando lo que llamamos seguridad jurídica”.

Más aún, expresó que la certeza a sus resoluciones permitirá dar un mensaje de tranquilidad, “de que así es como se interpreta la Constitución y las Leyes (…) Eso es fundamental y es muy importante y es justamente, lo que se perdió en los últimos años” con la presidencia de Vargas Valdez.

-La designación de Reyes Rodríguez, ¿representa el fin de la crisis en el TEPJF?

-No lo sabemos. Esperemos que sí; si no, vendrá una reforma electoral que deberá ser consensuada por todos los actores y no solo una imposición del presidente (López Obrador) o de Morena.

Reformas … pero a la Ley General de Medios de Impugnación

De acuerdo con Miguel A. Concha, más que una reforma electoral como la que impulsa Morena en el Senado “en la que se ve un espíritu un tanto vengativo, siguiendo lo que el presidente ha solicitado, se requiere reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral”.

Comentó que a lo largo de los años, nuestro país ha tenido una Ley que amplió más todos los juicios de impugnación que el Tribunal Electoral recibe.

“Entonces -explicó- es un Tribunal Electoral prácticamente de puertas muy grandes (…) se ha convertido en la puerta donde todo, prácticamente todo lo que resuelven el INE, los OPLEs, los tribunales locales, las Salas Regionales, todo acaba siendo impugnado y llega a la Sala Superior”.

Y expuso que al mismo tiempo que dota de fuerza al tribunal, debilita al sistema democrático electoral, porque todo parece que se acaba resolviendo por litigio y no por la decisión del pueblo a través de la emisión de su voto en las urnas.

“Entonces, creo que tenemos que meterle mano a esa Ley en donde se establecen esos recursos y juicios, en aras de limitarlos, para que no todo necesariamente llegue al tribunal”, sugirió el estudioso en temas electorales.

Se trata, añadió, de quitar este fenómeno de "híper-litigiosidad" que existe en materia electoral, en donde todos los partidos impugnan y a partir de ahí buscan negociar y ver qué ganan.

La relación con el presidente

Hugo A. Concha considera que “no nos debería siquiera de preocupar”, la relación del TEPJF con el Ejecutivo federal.

Explicó como argumento: “Es un Ejecutivo federal que siempre quiere mandar mensajes que acaban siendo como presión para las autoridades que son autónomas. Yo creo que mientras el tribunal se concentre en hacer bien su trabajo, su relación con el Ejecutivo y con cualquier otro actor político, con los partidos o con quien sea, tendrá que ser secundario. No es lo importante”.

Consideró que quienes integran la Sala Superior deben ser muy creativos en la forma de transmitir información respecto a los asuntos que decide para explicar en qué consiste una sentencia, por qué se resuelve y se argumenta de cierta manera.

“Ese es un trabajo pendiente que los tribunales no han logrado hacer, en el que podrían sumar a otros actores como los abogados, los académicos, las organizaciones sociales y a los medios de comunicación”, planteó.