Por ello ordenó dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación, pues consideró que con ello "se garantiza el derecho de acceso a la información sobre una relevancia trascendental para la sociedad en general".
"Ya que a través de este ejercicio se puede conocer información relacionada con casos en los que se investiga a servidores públicos que presuntamente realizaron actos apartados de la legalidad o de la ley”, apuntó Alcalá Méndez.
Respecto a los nombres de las personas servidoras públicas o exservidoras públicas imputadas que son mencionadas en la carpeta de investigación de la L12, Alcalá Méndez puntualizó que se realizó una prueba de interés público, de la cual se determinó que, si bien dicha información se mantendrá como confidencial debido al derecho a la protección de datos personales, “lo cierto es que también dar a conocer sus nombres, permite fomentar la credibilidad de la sociedad en la rendición de cuentas, a través de la transparencia del ejercicio de la función pública que tienen conferida las personas servidoras públicas al evidenciar su actuar dada las atribuciones que representan”.
“Con la presente resolución se busca abonar a la rendición de cuentas, en relación con los fondos asignados, en principio, al presupuesto y la construcción de la Línea y posteriormente, al mantenimiento y ahora a la reparación de la misma, así como para conocer las causas que dieron origen a este lamentable accidente”, destacó el comisionado.