Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad.
Uno por haber recibido presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
El otro juicio es por comprar presuntamente la planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital.
#QuéPasóCon el combate a la corrupción?
De acuerdo con la UIF, se identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre los años 2012 y 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
La Unidasd detalló que en el primer grupo de operaciones, las empresas fueron receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada y todas ellas guardan relación con Odebrecht.
Destacó especialmente una empresa, de la cual no especificó el nombre, a la cual entre 2014 y 2016 se le realizaron transferencias por más de 3.000 millones pesos (unos 150 millones de dólares) "supuestamente por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal".
La UIF puntualizó que dichos servicios no fueron realizados, "por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones".
