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AMLO propicia ambiente de "dictadura", "intromisión" y "desequilibrio", acusan

Porfirio Muñoz Ledo y los exministros de la Corte José Ramón Cossío y Diego Valadés alertaron que el actual hiperpresidencialismo está afectando el equilibro de poderes.
mar 25 mayo 2021 06:17 PM
Polariza el discurso.
El presidente en una de sus advertencias. (Foto: Presidencia)

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que en el país “estamos decayendo muy rápidamente en un tono, un talante de la política propio de la toma del poder por una dictadura”, por las decisiones que toma a diario el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“El Ejecutivo por desgracia está mareado, mareado de poder; el poder marea y el poder absoluto marea absolutamente, y vamos a vivir un trienio muy difícil, un trienio donde un gobierno autoritario puede convertirse en gobierno despótico. Es nuestro deber evitarlo”, alertó.

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“Los jueces están haciendo una tarea heroica” al contener decisiones del Ejecutivo que afectan la Constitución –expuso el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados– “el Ejecutivo por desgracia está mareado y en el Legislativo hay quienes han abdicado de su autonomía para cumplir órdenes presidenciales, lo que ha generado un desequilibrio de poderes y da vergüenza y pena", expresó.

En el Seminario Autonomía e Independencia Judiciales, división de poderes y democracia, el diputado federal de Morena, que impulsa el Movimiento por la República, criticó que la mayoría legislativa haya obedecido la orden presidencial de aprobar el articulo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se extendió de cuatro a seis años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Esa decisión, alertó Diego Valadés Ríos, exministro e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, podría afectar a todo el orden constitucional y tiene su origen en el hiperpresidencialismo mexicano.

Esto porque vía la reforma a una ley federal se vulneró la Constitución en muchos niveles: se invadieron competencias de las dos Cámaras del Congreso, la facultad que sólo tiene la mayoría calificada de ambas, y la que tienen la mayoría de las Legislaturas de los estados, para reformar la Constitución.

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Además, explicó que se invadieron las competencias del pleno de la Corte, del Senado y de la Presidencia de la República, que en coordinación deben participar en el procedimiento de elección del presidente de la SCJN, y por tanto la designación de un consejero de la Judicatura, lo que ahora el transitorio deja en una extensión automática de mandato.

“Querría decir que la Constitución se puede mover sin que intervenga una mayoría calificada en el Congreso y de la mayoría de los congresos locales y de ser así el orden constitucional que conocemos habrá quedado derogado", alertó.

Un error, que juzgadores se asuman parte del “movimiento”

José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN, expuso el riesgo de que integrantes del Poder Judicial se acoplen a lo que dicte el Ejecutivo, por la fuerza o amenazas, por el favor de ocupar cargos o, lo más peligroso, dijo, “por su cinismo o invisibilidad” o hasta por considerarse parte de un movimiento.

En ese último caso, resaltó que si los juzgadores se consideran parte de un proceso van a abrir los cauces y hacer todo lo que el movimiento quiera y se perderá toda posibilidad de control del proceso político.

“Y cuando alguien diga: tengo un derecho que considero que se me ha violado, ¿qué van a contestar los órganos jurisdiccionales que han perdido autonomía? Al revés, el proceso político lo está beneficiando a usted. Si usted asume un derecho es un egoísta que no está contribuyendo al proceso democrático”, destacó.

Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, destacó que estas instituciones valoran la posibilidad de acudir a la Comisión interamericana de Derechos Humanos en demanda de garantías para el ejercicio de jueces y abogados en México, afectados por las advertencias e intimidaciones del presidente López Obrador.

Con esa actitud el Ejecutivo se coloca por encima del Poder Judicial y eso es preocupante, dijo.

Otra de las participantes, Leticia Bonifaz Alfonzo, catedrática de la UNAM y exconsejera jurídica de la Ciudad de México, aseguró que es común en todas las administraciones que las leyes molesten al Ejecutivo, pero admitió “a mí lo que me preocupa es una crítica sistemática a los jueces”.

Los jueces tuvieron una formación y un sistema de carrera judicial que garantiza su independencia, dijo Bonifaz, por lo que no vio correcto que se diga que sólo una persona puede llevar a cabo una reforma judicial, como dijo el presidente sobre el ministro Zaldívar, al que vio como único ministro de la Corte capaz y honesto.

“Hay algo que no está funcionando porque si tú tienes bien hecha una reforma y si tú tienes perfectamente previsto qué es lo que puede pasar, no tendría que depender de ciertas personas en particular sino que podría hacerlo cualquier persona”, resaltó.

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Retórica antijudicial

Para Diego Valadés, actualmente, hay una retórica antijudicial riesgosa, en su opinión, porque el caciquismo no ha sido desterrado de este país, por lo que advirtió que no debe permitirse que el intento de controlar al Poder Judicial Federal se reproduzca a nivel estatal.

En este punto, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, criticó que el presidente de la SCJN acuda con frecuencia a Palacio Nacional a entrevistarse con el presidente López Obrador, pues como gobernante “jamás se me hubiera ocurrido buscar al presidente del tribunal de justicia" para reunirse en oficinas del gobierno.

Lo que se ve con estas conductas es que “corremos el riesgo de un retorno a la presidencia imperial y que los poderes que no sean poderes, sino quereres legislativo y judicial”.

La coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, señaló que el presidente López Obrador no sólo interfiere con las decisiones de la Corte sino que también ha “metido la mano” en la Fiscalía General de la República (FGR), en donde Alejandro Gertz se ha convertido en “fiscal carnal”.

La muestra es el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, en el que el Fiscal “responde únicamente a los designios del presidente en transgresión al orden federal y en contra de una resolución del Congreso del estado, lo cual es inaudito”, destacó la perredista.

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