La Sedatu también fue denunciada por la presunción de malos manejos en el procedimiento de adjudicación directa con excepción a la licitación pública de la obra “Proyecto de remodelación del Parque Papagayo”, también en Acapulco, obra ejecutada en 2019 con recursos públicos federales.
Esa dependencia federal recibió una denuncia adicional por fallas en la licitación pública nacional bajo la modalidad de precio alzado y a tiempo determinado para la etapa dos de ese mismo parque, realizada en 2020.
Otras entidades de carácter federal fueron responsabilizadas de malos manejos. Es el caso del Consejo nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, por el ejercicio de 2014 a 2020, en que se acusan supuestas anomalías en la contratación, ejecución de obras, servicios públicos y adquisición de bienes.
También, respecto al ejercicio 2019, se solicitó investigar la gestión financiera del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) por dudas sobre la aplicación de recursos públicos federales, razón por la que se pidió fincar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.
En tanto, la ASF recibió una denuncia más contra la Sedena pero por el supuesto ejercicio anómalo de recursos y celebración de contrataciones durante 2016 y hasta 2018.
Obras de infraestructura, bajo lupa
La ASF también recibió denuncias y petición de auditorías al manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF).
El primer caso, por la adjudicación y contratación para la renovación del alumbrado público en diferentes zonas de San Luis Potosí.
También se solicitó la revisión de fondos ejercidos por el comité de adquisiciones del municipio de Aguascalientes, por la “presunta malversación de recursos”.
Presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos del Fortamund-DF, pero durante 2020, también fueron señaladas en el municipio de Macuspana, Tabasco.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recibió un señalamiento respecto a la cuenta pública de 2019 “por presuntos actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas”, respecto al procedimiento de licitación pública nacional para la modernización y obras (terracerías, drenaje, estructuras, pavimentos, señalamientos) en tramos carreteros rumbo al municipio de Valles, en San Luis Potosí.
El ejercicio de recursos en diversos municipios de Oaxaca también fue cuestionado. Así, se solicitó una auditoría por la presunta falta de comprobación de recursos públicos asignados de 2017 a 2020 al municipio de Huautla de Jiménez, en ese estado, y se acusó presunto manejo y regular de recursos públicos en el municipio de Asunción Nochixtlán.
Por el supuesto manejo ilícito de dinero del ramo 33 se acusó al municipio oaxaqueño de Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, y por eso se analiza aún la eventual revisión a la gestión financiera durante 2019.
