Durante el proceso electoral de este 2021, para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alrededor de 2,000 presidencias municipales, 65 políticos y 80 servidores públicos han sido asesinados en México. Estos comicios son los segundos más violentos desde el 2000.
Desde el arranque del proceso electoral, el pasado 7 de septiembre y hasta el 31 de marzo, en México se han registrado 262 agresiones contra políticos, que han dejado a 145 víctimas mortales.
De acuerdo con el Tercer Informe de Violencia Política en México, elaborado por Etellek, el proceso electoral de 2018 es hasta ahora el más violento desde el 2000, cuando fueron asesinados 152 políticos, entre ellos, 48 aspirantes a puestos de elección popular.
Veracruz ha sido escenario del 13% de los homicidios de políticos y servidores públicos sin militancia en lo que va del actual proceso electoral, seguido de Guerrero (8%), Morelos (6.8%), Guanajuato (6.8%), Oaxaca (6.2%) y Zacatecas (6.2%).
En los últimos seis meses, el 45% de las agresiones contra políticos y funcionarios se han cometido con arma de fuego.
Entre las agresiones de las que han sido objeto destacan: amenazas, homicidios dolosos, infracciones contra la dignidad, secuestro, atentados contra familiares, robo con o sin violencia, tentativa de homicidio, daño a la propiedad, despojo de oficinas, lesiones, entre otras.
El 74% de los políticos asesinados eran opositores a los gobiernos estatales, el 49% eran militantes o simpatizantes de la alianza PRI-PAN-PRD y el 28% de Morena-PVEM-PT.
En su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración mantiene un monitoreo diario de la violencia que se registra en los estados durante el proceso electoral.
En el monitoreo del 2 al 4 de abril, por ejemplo, se reportaron cinco hechos relevantes y tres informes preventivos en nueve estados: Baja California, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México, Yucatán, Tabasco.
Entre los hechos relevantes, destaca que en Colima el aspirante a diputado local de Redes Sociales Progresistas, José Guadalupe Rojo, solicitó protección debido a que fue amenazado de muerte; en el Estado de México el presidente del PRI en Valle de Bravo, Mario Salazar Martínez, recibió un mensaje de texto en el que le solicitan 20,000 pesos a cambio de protección del Cártel Jalisco Nueva Generación y en Quintana Roo la candidata a la presidencia municipal de Tulum, Emelia Patricia de la Torre, pidió al presidente de la República protección debido a que ha recibido varias amenazas.
El gobierno federal puso en marcha un operativo para brindar protección a candidatos que son amenazados por el crimen organizado o “de cuello blanco", al cual, de acuerdo con el presidente, ya han recurrido algunos.
“Tienen que ver con otro tipo de amenazas, no solo es el narcotráfico, hay otro tipo de amenazas, no todo hay que cargarlo al narcotráfico”, afirmó.
El gobierno federal presentó e l pasado 4 de marzo una estrategia para la protección de los 21,000 aspirantes a puestos de elección popular, en la que se incluye mesas de trabajo y reforzar la seguridad en estados y municipios de alto riesgo.
