Tras la respuesta de la FGR, un ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la ley dispone que "no podrá clasificarse aquella información relacionada con violaciones graves a derechos humanos", siendo que el asesinato de la reportera es un atentado contra la libertad de expresión y es de gran relevancia la actuación de las autoridades en este país.
Ante esto, Acuña consideró "fundamental" garantizar el derecho de acceso a la información, puesto que "es la única vía para que cualquier persona conozca los hechos que derivaron en el asesinato de la periodista".
El caso de Regina Martínez
Martínez, asesinada el 27 abril de 2012 en su domicilio en Xalapa, era periodista de investigación de Proceso y estaba especializada en temas de narcotráfico y de corrupción. Días antes, había denunciado la supuesta implicación de nueve policías en un asunto de tráfico de drogas.
En octubre de 2014, uno de los acusados del homicidio del crimen fue recapturado e ingresado a prisión para seguir cumpliendo la sentencia en su contra, de 38 años y dos meses, luego de un año de haber sido liberado.
El hombre, sentenciado y encarcelado en abril de 2013, obtuvo su libertad en agosto de ese año, luego de que un juez determinó que se habían violentado sus garantías individuales; sin embargo, la resolución fue revertida y se ordenó su reaprehensión.
Según distintas organizaciones, al menos seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México durante 2020. Este es uno de los hechos por los que México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo.
