Del gobierno de Puebla al banquillo: las claves del caso contra Mario Marín

¿Qué originó la aprehensión de quien fue gobernador de Puebla de 2005 a 2011? ¿Qué ha pasado desde que dejó el cargo? ¿Quiénes más están implicados con él en las violaciones a los derechos humanos de Cacho? Aquí damos las claves.

El origen del caso

Todo empezó en diciembre de 2005, cuando Marín apenas llevaba 10 meses en el poder y pidió a la jueza Rosa Celia Pérez González —quien sigue en el Poder Judicial— librar una orden de aprehensión contra Cacho, por el supuesto delito de difamación y calumnia en agravio del empresario mezclillero de origen libanés Kamel Nacif, amigo del entonces gobernador.

Nacif había sido mencionado en el libro de Cacho Los demonios del edén, en el que la periodista documenta un red de pederastia y describe fiestas organizadas por él en las que se cometía abuso de menores de edad, en contubernio con otros políticos, empresarios y extranjeros.

La detención y la tortura

El 15 de diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún y trasladada vía terrestre por agentes comandados por Adolfo Karam Beltrán, entonces director de la Policía Judicial de Puebla.

Durante el trayecto, según lo denunciado por la propia periodista, fue torturada y amenazada con ser violada y asesinada. Ella quedó libre tras pagar una fianza de 106,000 pesos, pero el proceso legal en su contra duró más de un año.

El audio que hundió al “góber precioso”

El 14 de febrero de 2006, el periódico La Jornada publicó una conversación telefónica entre Marín y Nacif, en la que este último agradecía al “góber precioso” haberle dado “un coscorrón” a Cacho. “Quien comete un delito se llama delincuente”, respondía Marín, quien desde esa época asegura que no es él quien sale en la grabación.

La “marcha solidaria”

Tras conocerse esa conversación, el 26 de febrero se realizó una “marcha solidaria” en favor de Cacho en las principales calles de Puebla capital. Según los organizadores, participaron al menos 30,000 personas que se vistieron de blanco para exigir justicia y la renuncia de Marín.

La exoneración

El 29 de noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a Marín, al concluir que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaron los derechos de la periodista. Entre los ministros que votaron a favor de esa decisión estaba la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El primer amparo

A pesar de la exoneración, por años Cacho siguió peleando el caso en tribunales, apoyada por la organización Artículo 19. En mayo de 2019, Marín obtuvo un amparo de parte del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, en Quintana Roo, para evitar ser capturado.

La disculpa pública

Ya en este sexenio, 13 años después de los hechos, el 10 de enero de 2019 el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Cacho, por fallar en su responsabilidad de proteger su libertad de expresión. Para entonces, la periodista ya había contado con escoltas y usaba chaleco antibalas por el riesgo de que fuera asesinada por alguno de los señalados.

El caso “ya debe olvidarse”, dice Marín

También en 2019, el 31 de marzo, Marín reapareció en la vida pública para acudir al arranque de campaña del entonces candidato del PRI al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez Merino, en un acto en el que fue cuestionado por reporteros sobre el caso de Lydia Cacho. Ahí, argumentó que se trataba de un asunto ya juzgado y que “ya debe olvidarse”.

Nuevas órdenes de aprehensión

Sin embargo, el exgobernador poblano pronto recibió un revés. El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Cancún giró cuatro órdenes de aprehensión en su contra y de Nacif, de Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla, y de Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales del estado, acusados del delito de tortura. Después de esto, Marín volvió a alejarse de la vida pública.

El deslinde del PRI

El 21 de abril de 2019, en plena campaña campaña para la elección extraordinaria a gobernador, el PRI se deslindó de Marín, quien para entonces ya era considerado considerado prófugo de la justicia.

Los que aún están en la mira

Con Marín, suman cuatro personas detenidas de las 17 señaladas por Cacho como sus torturadoras. Entre quienes aún siguen prófugos están Nacif y Karam.