La jueza del Distrito Sur de Florida, Lauren F. Louis terminó abruptamente la audiencia de extradición del exgobernador Cesar Duarte sin llegar a una resolución final.
Tras escuchar a la Fiscalía como a la defensa de Duarte dio las gracias y terminó la sesión sin especificar cuándo la retomarán y cuál será la decisión.
La audiencia final de extradición del exgobernador comenzó con 20 minutos de retraso y el primero en hablar fue el Fiscal Jason Wu, quien hizo énfasis en leer los puntos más importantes por lo que debía ser extraditado César Duarte a México.
Durante casi una hora, reveló que parte de la acusación está basada en el testimonio de tres testigos identificados como “Jorge”, “Susana” y “Brenda”, quienes dieron fe del desvío de recursos y peculado que cometió Duarte mientras fue gobernador de Chihuahua.
Los cargos que se leyeron fueron los que se encuentran radicados en el expediente que se ha ido conformando desde que fue detenido en junio del 2020; uno de ellos que malversó un monto de 6.4 millones de dólares.
La Fiscalía recordó que Duarte lo hizo con la asistencia de funcionarios de su administración, quienes malversaron fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados.
Calcularon que desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014, el exmandatario estatal transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que era el accionista mayoritario.
Según Jason Wu, los recursos desviados jamás beneficiaron a nadie que no fuera el propio César Duarte.
La defensa de Duarte estuvo encabezada por el abogado defensor Juan Morillo, quien durante su intervención mantuvo las acusaciones en contra del gobernador Javier Corral y destacó que ha estado coaccionando testigos para afectar su cliente.
La defensa reiteró que había sido víctima de la persecución política del actual gobernador, quien ha solicitado su extradición desde que inició su mandato. Y que incluso Corral ha utilizado a sus contrincantes políticos para obligarlos a declarar.
En su intervención, reiteró lo que Expansión publicó desde el pasado 6 de enero que “Los testigos pueden enfrentar represalias significativas por parte del gobierno mexicano y del estado de Chihuahua si sus identidades se revelan públicamente. La administración de Corral tiene bien documentado el historial de persecución de supuestos aliados del Sr. Duarte”.
El oficio fue presentado en ese entonces por los abogados Henry P. Bell y Armando Rosquete ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida encabezada por Lauren F. Louis como parte del caso 20-22829-CR-LFL que se le inició cuando fue detenido en julio del 2020 en Miami.
Los abogados aseguraron que el actual gobierno ha amenazado a exmiembros de la administración de Duarte con fincarles cargos criminales, "que a todas luces, son fabricados", si no testificaron contra él.
Hablaron sobre las presiones que supuestamente recibiera el exsecretario de Hacienda César Herrera, testigo principal en contra de Duarte y fundamental para que el gobierno de Chihuahua para que se acreditara una causa probable de que el exgobernador cometió delitos de peculado y asociación para delinquir.
Destacaron que Herrera confesó que el testimonio que brindó contra numerosas personas, probablemente incluido el Sr. Duarte, fue falsa y coaccionada por el gobierno de Chihuahua.
Anoche, en un documento, la defensa destacó que “las admisiones más recientes del señor Herrera destruyen la competencia de su testimonio previo, y el tribunal no debe considerarse en el contexto de la evaluación de la causa”.
En la audiencia estuvieron presentes funcionarios del gobierno de Chihuahua y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También familiares de César Duarte, como sus hijos César A. Duarte, Isabel Duarte y Olga Sofía Duarte.
