Vacunación de COVID-19 prende alertas ante riesgo de uso electoral

El próximo 6 de junio están llamados 92.4 millones de mexicanos a una jornada en donde se elegirán más de 21,000 cargos públicos, entre ellos, 15 gobernadores y los 300 diputados federales. Por lo que las campañas que arrancan el 4 abril coincidirán con el proceso de vacunación del gobierno federal.

De acuerdo con las previsiones, este martes iniciará la campaña de vacunación masiva con las más de 400,000 dosis de vacunas de Pfizer que llegarán para vacunar a 15 millones de adultos mayores. A partir de febrero, se escalonará por edad hasta marzo de 2022. Según la Política Nacional de Vacunación entre abril y junio se vacunará a personas de 59 a 40 años de edad, que significan más de 31 millones de mexicanos inscritos en la Lista Nominal, y a partir de junio, el resto de la población.

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El exconsejero electoral Benito Nacif señala en entrevista que hay riesgo de que “la vacuna se convierta en una dádiva y que se use políticamente en el contexto de las campañas electorales para repartirlas con fines político-electorales”, por lo que es importante que se establezcan los procedimientos, protocolos y mecanismos para evitar que eso ocurra.

“Lamentablemente la competencia político electoral, se recurre a veces los trucos más deplorables en aras de conseguir una ventaja en las urnas, lo hemos visto en otro tipo cosas, es importante que el INE se coordine con las secretaría de Salud para blindar a las elecciones en contra del uso electoral de la campaña de vacunación”, dice.

'Siervos' de la vacunación

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se crearán 10,000 brigadas para vacunar en 10,000 Centros Integradores del Bienestar y que cada una estará integrada por 12 miembros, entre los que se encuentran dos vacunadores, cuatro elementos de fuerzas armadas, cuatro promotores de la Secretaría del Bienestar, “los que van y trabajan en esas comunidades porque es donde se les entregan las pensiones a los adultos mayores”, es decir, los "Siervos de la Nación", y dos voluntarios.

Las autoridades han negado un uso electoral y los cuestionamientos de la participación de los siervos en el proceso de vacunación, quienes entregan los programas sociales del gobierno actual. La justificación es que con su participación se evitará que los adultos mayores se trasladen dos veces, pues en el mismo lugar donde reciben sus apoyos y se podrán vacunar.

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El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, comentó en conferencia que el mecanismo normal de vacunación se realiza en los centros de salud o en plazas públicas, pero con el COVID se tomó la decisión de que sea en los Centros Integradores de la Secretaría del Bienestar, donde la coordinación será a través de los Siervos de la Nación, quienes tienen los datos del Censo del Bienestar.

“Los Siervos de la Nación son un gran ejército que, valga la redundancia, sirven a la nación y me parece que es una estrategia muy, muy acertada utilizar a este personal que coordinará a otro personal de salud para la aplicación de las vacunas”, dijo.

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El exconsejero electoral explica que por sí mismo el hecho de que los Siervos de la Nación participen en el proceso no es un uso electoral de la vacuna, pero lo sería si ese personal está ligado a un partido político o hace ese trabajo para beneficiar a un partido político o ciertos candidatos, en ese caso, advierte que quienes estén involucrados están cometiendo tanto un delito como una falta administrativa.

No obstante, considera que sí es “irregular” que la Secretaría del Bienestar se involucre en la campaña de vacunación, puesto que eso le corresponde a la Secretaría de Salud, ya que es una campaña de salud pública y no una dispensa de un programa o la entrega de un beneficio social.

Aunado a esto, gobernadores y partidos de oposición acusan al gobierno de AMLO de centralizar y monopolizar las vacunas, en vez de permitir a los estados adquirir y aplicar la sustancia como ocurre en otros países. A estos reclamos, el presidente ha dicho que se hace de esta forma para garantizar que todos tengan acceso y justo para que no se use electoralmente.

Campañas en epidemia

No solo es el proceso de vacunación, los partidos también han empezado a usar el tema de la vacuna y la pandemia en sus mensajes de promoción, por lo que los especialistas no dudan que se utilice frecuentemente en las campañas cuando coincidan con el proceso de inmunización.

Desde las redes sociales de Morena, se difunde ya el mensaje #MenosDineroMásDemocracia con el que los diputados del partido anuncian que donarán la mitad de sus recursos para la compra de esta sustancia, planteamiento que que PAN, PRI y PRD han rechazado.

Desde diciembre de 2019, Morena no alcanzó mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para aprobar una reforma constitucional que reducía en 50% las prerrogativas de los partidos políticos, propuesta del partido mayoritario. Los partidos de oposición consideraron que se debilitaba el sistema democrático.

En abril de este año, el presidente llamó a las fuerzas políticas a donar recursos para enfrentar la epidemia, a lo que PRI respondió que lo haría si se hacía un fideicomiso para ello; el PAN propuso que se cambiara la legislación para que se comprar y entregara directamente el equipo médico –debido a que la ley plantea que se tienen que regresar los recursos a la Tesorería– en tanto que el PRD anunció que haría donativos en especie.

El Ejecutivo ha vuelto a pedir en varias ocasiones a los partidos destinar una parte de su presupuesto para la vacuna de COVID-19 y los partidos han acusado con esto de querer monopolizar la información de vacunas a favor de su proyecto y partido.

Los spots de Morena sobre la vacuna, también causaron quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó mantener este spot al igual que los del PRI y PAN en contra del partido oficial, en los que se acusa un mal control de la epidemia y resultados negativos ppr parte del gobierno morenista.

Para la académica de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña, como el proceso ya comenzó, no duda que pueda haber la intención de algunos personajes políticos de utilizar esta situación de la pandemia con fines electorales.

“La tentación está ahí, ya la historia del país y los proceso electorales nos han dicho que muchos políticos digan lo que digan sí hacen un uso electoral de los programas sociales, y no van a desperdiciar ahora la pandemia y las vacunas para intentar sacar raja política y llevar votos a sus partidos”, dice en entrevista.

INE y la Fiscalía de Delitos Electorales alertas

Los politólogos coinciden en que debe haber una vigilancia desde las autoridades electorales como el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes Fepade), pero los propios actores políticos deben actuar conforme a derecho.

De acuerdo con el constitucionalista de la Universidad La Salle, Bernardino Esparza, la ley señala que todos los que son servidores públicos, en las entidades federativas y las tres partes del gobierno, tienen la obligación de cumplir con la Constitución y participar de una manera equitativa, por lo que hacer uso electoral de la vacuna implicaría una falta y tendrían que tener una sanción.

“Deben hacer un decreto y dejar claro cómo deben distribuir la vacuna, y si el servidor público (servidores de la nación) está utilizando la vacuna con fines electorales, tendrá que una sanción”, asegura a Expansión Política.

Así también comenta la académica de la Ibero. “El presidente igual que todos los actores políticos tiene que respetar y si no la autoridad electoral tiene que estar pendiente para hacer un llamado a todos los actores político para que respeten las reglas”, afirma Acuña.

Por su parte, el exconsejero Benito Nacif insiste en que es importante que se haga un muy buen acuerdo entre los involucrados y las autoridades electorales en aras de proteger nuestro sistema democrático, y que el INE y la FEDE –que investiga la coacción electoral, como se conoce a la entrega de apoyos a cambio de votos– trabajen juntos para evitar que la campaña de vacunación se transforme en la entrega de “dádivas” por parte de actores políticos interesados.